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Hace ONU recomendaciones a México sobre desapariciones de 1960 a 1980

 

El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas (ONU) sobre Desapariciones Forzadas recomendó a México “el establecimiento de un mecanismo efectivo para la continuidad de las investigaciones de desapariciones forzadas” cometidas durante el periodo que cubre desde finales de la década de 1960 hasta principios de la década de 1980.

El grupo de trabajo de expertos de la ONU presentará mañana lunes un informe ante el Consejo de Derechos Humanos el cual reconoce que “las desapariciones perpetradas en el pasado son una asignatura en el presente dado que se trata de un delito de carácter continuado”.

El documento sugiere transferir los archivos de ese periodo “de la Secretaría de la Defensa Nacional al Archivo General de la Nación garantizando el libre acceso del público y sistematizar el ingreso a todos los archivos de la extinta Dirección Federal de Seguridad y de la Fiscalía Especial para que éstos también se encuentren disponibles”.

Igualmente, aconseja revelar los nombres de las personas que participaron en actos de desaparición forzada de acuerdo con la información que obra en poder de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El informe fue elaborado por Jasminka Dzumhur (Bosnia y Herzegovina), Ariel Dulitzky (Argentina) y Osman El Hajjé (Líbano) a raíz de la visita que llevaron a cabo a México del 18 al 31 de marzo de 2011 por invitación del gobierno.

Durante el período conocido como la “Guerra Sucia” desde finales de la década de 1960 hasta principios de la década de 1980, “las fuerzas de seguridad llevaron a cabo una política de represión sistemática contra estudiantes, indígenas, campesinos, activistas sociales y cualquier sospechoso de ser parte de un movimiento de oposición”, subraya el texto.

“Hasta hace algunos años, el Estado mexicano se negaba a reconocer la existencia de abusos cometidos por las fuerzas de seguridad”, sin embargo, “ha reorientado su curso y ha adoptado algunas medidas relacionadas con los crímenes cometidos” durante el periodo mencionado, indicó el informe de la ONU.

Por otra parte, el Grupo de Trabajo celebra el criterio judicial establecido en julio de 2011 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso Rosendo Radilla relativo a una desaparición forzada en el contexto de la “Guerra Sucia”.

Ese criterio judicial facilita la completa implementación de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), muchas de las cuales coinciden con las recomendaciones hechas por el Grupo de Trabajo”, mencionó el texto.

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Hombre obtiene la custodia de 13 niños de madres de alquiler en Tailandia

Un japonés acaudalado obtuvo este martes la custodia de 13 niños nacidos de madres de alquiler en Tailandia, último giro de un escándalo conocido como “la fábrica de bebés” que sacó a la luz el lado oscuro del mercado de la gestación subrogada.

Al término de este insólito caso, que causó un gran revuelo en la prensa internacional desde su revelación en 2015, el tribunal de menores de Bangkok invocó “la felicidad de los 13 niños nacidos de madres de alquiler” para justificar la decisión de acordar a Mitsutoki Shigeta “la totalidad de los derechos parentales”.
“Su padre biológico no tiene antecedentes de mala conducta”, dijo el tribunal, sin pronunciarse sobre la salud mental del hombre.

La sentencia permitirá a Mitsutoki Shigeta, rico heredero, llevarse los niños a Japón. Ya organizó toda la logística necesaria y contrató a niñeras para ocuparse de la numerosa prole, aseguró el tribunal.

Shigeta, muy discreto desde que estalló el escándalo, no viajó a Tailandia para responder a las preguntas de los investigadores.

Su abogado tailandés, Kong Suriyamontol, precisó que el traslado de los 13 niños se haría de acuerdo con el gobierno tailandés. “Veremos cuándo están preparados los niños. Después de estar internados durante tanto tiempo, hay que evitar los cambios bruscos”, agregó.

Respecto a los motivos que llevaron a su cliente a tener tanta descendencia, el abogado se limitó a explicar ante la prensa que Shigeta solo quería tener una familia numerosa. “Nació en una familia numerosa y quiere que sus hijos crezcan juntos”, se limitó a comentar.
El caso salió a la luz en verano de 2014, cuando la policía tailandesa comunicó que muestras de ADN vinculaban a Shigeta con nueve bebés hallados en un piso de Bangkok, donde residían con sus madres de alquiler. La prensa empezó a hablar de la “fábrica de bebés”.

Las madres interpusieron luego una demanda contra el Estado para poder recuperar a sus hijos, que habían sido entregados a los servicios sociales. Desde Japón, el padre empezó una batalla legal para conseguir su custodia.

El martes, las madres de alquiler firmaron un acuerdo mediante el cual abandonaban sus derechos parentales, añadió el tribunal de menores de Bangkok. No se precisó no obstante si obtuvieron una posible indemnización.

El negocio de la maternidad subrogada creció en los últimos años en Tailandia aprovechando un vacío jurídico pero, a raíz de la polémica, se aprobó en 2015 una ley para prohibir esta práctica a los extranjeros.

Coincidiendo con el caso de Shigeta, una pareja de australianos indignó a la opinión pública al abandonar a su bebé con síndrome de Down de madre de alquiler tailandesa.

Desde entonces, el mercado para los extranjeros que buscan vientres de alquiler se desplazó a otros países del sudeste asiático.

En Camboya, el negocio de la gestación subrogada se desarrolló rápidamente después de que fuera prohibido en Tailandia. Los precios eran mucho más bajos, sobre todo respecto a Estados Unidos y, como no había regulación, las clínicas aceptaban también a parejas homosexuales y solteros.

Las autoridades camboyanas terminaron sin embargo prohibiendo esta práctica y ahora parece ser Laos el nuevo país de la región donde se desarrolla la gestación subrogada.

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Lula lanzará este miércoles candidatura a presidencia de Brasil

El ex presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, condenado a más de 12 años de cárcel por corrupción, lanzará este miércoles en la sureña ciudad de Belo Horizonte su precandidatura a los comicios de octubre próximo, pese a que la Justicia podría dejarlo fuera de las elecciones.

El propio Lula da Silva, presidente entre 2003 y 2010, anunció en su página personal de una red social que participará en la capital del estado de Minas Gerais, gobernado por el Partido de los Trabajadores (PT), en un evento que comenzará a última hora de la tarde.

El ex sindicalista, quien salió de la Presidencia de Brasil con tasas de aprobación cercanas al 80 por ciento, fue condenado en segunda instancia en enero a 12 años y un mes de cárcel por recibir un departamento de tres plantas de la constructora OAS a cambio de favores.

Él, sin embargo, niega cualquier ilícito y se dice víctima de una persecución judicial para dejarlo fuera de las elecciones por medio de la inhabilitación.

Tras la condena, Lula da Silva recurrió al Supremo Tribunal Federal (STF), la mayor instancia judicial del país, para pedir que no sea encarcelado por la segunda instancia, ya que la Justicia podría decretar su ingreso en prisión cuando se agoten los recursos.

La condena a Lula da Silva, que podría provocar su inhabilitación e ingreso en prisión en semanas, tiene dividida a Brasil en vísperas de las elecciones presidenciales de octubre, en las que el ex mandatario es el gran favorito.

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Tribunal peruano ordena procesar a Fujimori por matanza en 1992

Un tribunal peruano ordenó que el expresidente Alberto Fujimori sea procesado por una matanza de seis campesinos en 1992, al resolver que carece de inmunidad pese a que fue indultado en diciembre, informó el lunes el poder judicial.

“El Colegiado B de la Sala Penal Nacional resuelve que en el caso Pativilca no se le aplica el derecho de gracia por razones humanitarias al expresidente Alberto Fujimori, por lo tanto no se lo excluye del juicio en este caso”, dijo en Twitter el poder judicial.

Fujimori, que cumplía una condena de 25 años de prisión por otras dos matanzas perpetradas bajo su gobierno (1990-2000), fue indultado en la víspera de Navidad por el presidente Pedro Pablo Kuczynski.

La fiscalía pide procesar en este caso a Fujimori junto a otras 23 personas, entre ellas exintegrantes de un grupo paramilitar y de las Fuerzas Armadas.

Los fiscales piden 25 años de prisión para Fujimori, de 79 años, a quien acusa de ser autor mediato de los delitos de homicidio, secuestro y asociación ilícita perpetrados por el escuadrón paramilitar en Pativilca, un pueblo al norte de Lima.

El 29 de enero de 1992, en momento de gran actividad guerrillera en Perú, miembros del Grupo Colina, integrado por militares, secuestraron y asesinaron a seis personas en ese pueblo.

La abogada de las víctimas, Gloria Cano, había exigido respetar los derechos de las víctimas y que no se aplicara el derecho de gracia concedido a Fujimori por el presidente Kuczynski.

“Si el derecho de gracia termina aplicándose. Vamos acudir a instancias internacionales”, había declarado Cano a la prensa.

Fujimori salió en libertad después de pasar 12 años de prisión de una condena de 25 años como autor mediato de la muerte de 25 personas en dos operativos antisubversivos en 1991 y 1992 en Barrios Altos y la universidad La Cantuta.

Agencias

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