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Denuncian irregularidades en manejo de $400 mil dólares que eran para indígenas

De acuerdo con el acta de denuncia 7305* 008425/2013 que integró la Fiscalía General del Estado en Chihuahua, Chihuahua, siendo las 13:11 horas, el agente del Ministerio Público, Humberto Chávez Meléndez, recibió la querella verbal de Quintana Avena.

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El presidente del Consejo Directivo de la Asociación Civil Tierra Nativa, Ramón Emilio Quintana Avena, demandó al director de esa misma A.C., Randall Wayne Gingrich, ante la Fiscalía General del Estado, por la probable malversación de fondos que otorgan fundaciones como Mitsubishi, Ford Foundation y Christensen Foundation, para los indígenas de la Sierra Tarahumara, que suman cantidades superiores a los 400 mil dólares, más una serie de donativos por cantidades diversas que el demandado deposita y dispone directamente en sus cuentas bancarias.

La denuncia se generó luego que el Centro para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil, que impulsan el Instituto Tecnológico de Monterrey y Fechac, le habrían mostrado a Quintana Avena la serie de anomalías que presenta la asociación por opacidad en el manejo de sus cuentas, incluido el que la propia esposa, Sagrario Silva Vélez, cobra por “honorarios” cantidades superiores a los 18 mil pesos, “gastos por comprobar”, por varios cientos de miles de pesos, viajes, compras de vehículos y viviendas.

La denuncia señala específicamente la opacidad en el manejo de los recursos que Randall Wayne gestiona, que deposita a su nombre y que dispone de forma frecuente en cantidades elevadas de dinero, que según el denunciante, no se observa sean aplicadas en beneficio de los indígenas.

La preocupación principal del denunciante, es que fue el propio demandado quien lo invitó a pertenecer a la A.C., junto con un grupo de personas a quienes les gusta ayudar a los que menos tienen.

“Me eligieron presidente del Consejo Directivo, pero cuando veo que toda la administración está mal, porque no hay ni un solo reporte de los gastos, del destino que se da a los recursos y con puros vales de gastos por comprobar y le pido a Randall que transparente esa situación, se generó un gran problema, pues comenzó a agredirme e incluso comenzó a sesionar con el consejo directivo sin invitarme a mí”, destacó.

De acuerdo con el acta de denuncia 7305* 008425/2013 que integró la Fiscalía General del Estado en Chihuahua, Chihuahua, siendo las 13:11 horas, el agente del Ministerio Público, Humberto Chávez Meléndez, recibió la querella verbal de Quintana Avena.

En su declaración, Ramón Emilio Quintana señaló: “Como presidente del Consejo Directivo no tengo ni he tenido ninguna clase de información ni escrita ni verbal acerca de los recursos que ingresan a la organización desde el extranjero o nacionales, esto ha generado que el señor Randall Gingrich maneje los recursos a su criterio contraviniendo así el espíritu de la organización y asociación civil y su necesaria transparencia”.

De igual forma dijo: “No hay una información clara y precisa sobre los gastos de operación, contratación de personal, manejo de cuentas bancarias, salarios, créditos, gastos personales, viajes, los proyectos actuales y anteriormente desarrollados desde la fecha de mi ingreso a la organización, etcétera”.

Asimismo, señaló: “También tengo conocimiento de que los recursos que se solicitan a nombre de Tierra Nativa A.C., para ser utilizado en supuesto beneficio de comunidades indígenas se manejan a través de cuentas personales del señor Randall Gingrich y una mancomunada con su esposa, la señora Sagrario Silva Vélez”.

Destacó que por lo anterior es que hay falta de transparencia ya que, “nunca ha pedido opinión, ni ha otorgado ninguna clase de información al consejo directivo de la organización, faltando así al objeto social y a sus obligaciones como director ejecutivo para con la asociación civil”.

El mismo documento que tiene la Fiscalía General del Estado señala que el denunciante añadió: “Al no tener información respecto al ingreso de recursos de procedencia extranjera, no tengo conocimiento de su legal procedencia, lo cual me ha generado mucha preocupación por lo que temo pudiera presentarse alguna situación de lavado de dinero”.

El acta de denuncia también señala que mediante quejas de personas que han laborado y que actualmente trabajan en esa organización, “tengo conocimiento que el señor Randall Gingrich lleva a cabo la entrega de recursos económicos de manera personal y en efectivo con sus diversos colaboradores, sin que medie contratación formal alguna o retención por concepto de impuestos a cargo o pago de cuotas en materia de seguridad social, razón por la cual temo que esta persona de manera dolosa esté incurriendo en faltas o delitos de carácter fiscal, laboral y administrativos”.

Asimismo indicó: “Hasta donde yo tengo conocimiento, el señor Randall Gingrich ha presentado declaraciones fiscales a nombre propio y de la Asociación Tierra Nativa, A.C., sin que en una sola instancia desde que fui incluido como asociado se nos haya presentado informe alguno sobre el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la asociación o del estado financiero de la misma, por ser el señor Randall Gingrich quien mantiene el control absoluto y total de las cuentas con las que opera los recursos”.

Al acudir a ésta casa editora, Ramón Quintana, presentó también una serie de recibos de honorarios de Randall Wayne, por 10 mil pesos, además de otros que van de los 10 mil a los 18 mil pesos por parte de su esposa. También entregó copias de los registros de movimientos de las cuentas de Wayne, donde se observan donaciones por diferentes cantidades en miles de dólares y en moneda nacional.

El estimado de beneficiarios que debería cubrir la asociación civil es de aproximadamente 10 mil indígenas, los cuales habrían sido el principal argumento que Randall Wayne habría utilizado ante las fundaciones para lograr que le hicieran donaciones en efectivo.

Fuente: El Heraldo de Chihuahua.

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Medicinas genéricas tardarán más gracias al USMCA

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En el nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (USMCA por sus siglas en inglés), existe una cláusula de protección de datos a medicamentos que generará que los mexicanos esperen más tiempo por acceder a los productos de corte genérico.

En el capítulo de protección de intelectual del acuerdo se establece un periodo mínimo de 10 años de protección de datos para los medicamentos biológicos, aquellos creados a través de organismos vivos y usados para tratar enfermedades como el cáncer, y un lapso de tres años —que puede ser renovado— para los de corte químico, es decir, aquellos más simples.

Hasta ahora en México no existe un plazo establecido de protección de datos para los medicamentos biológicos y en el caso de los de productos químicos (los medicamentos tradicionales) el plazo era de cinco años.

“Una de las cláusulas establece extensiones a las patentes, eso significa que los genéricos o los medicamentos biosimilares no van a poder salir al mercado en menos tiempo porque el monopolio se va a extender”, explicó Fabiana Jorge, experta en comercio internacional de Argentina.

El recién anunciado USMCA “obligaría a México a otorgar extensiones a estos ya extensos monopolios y ni siquiera establece requisitos o limitaciones para dichas extensiones”, explicó.

Por su parte, Sergio López Lora, CEO de IQOM Inteligencia Comercial indicó que los datos quedarán protegidos por una década, lo que implica que no se pueden utilizar por los competidores de la empresa farmacéutica que desarrolló el medicamento.

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Corresponde a Chihuahua caso Alejandro Gutiérrez: SHCP

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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del Gobierno de Enrique Peña Nieto determinó que el Estado de Chihuahua es la víctima en el caso del presunto desvío de recursos por parte de Alejandro Gutiérrez, ex secretario general del PRI.

“(…) con independencia de lo establecido por el Poder Judicial de la Federación en la resolución del Conflicto Competencial 4/2018, la defensa de los recursos en cuestión sí compete al fuero local; por lo que en consecuencia corresponde enteramente al Gobierno del Estado de Chihuahua, y no al Gobierno federal, llevar a cabo las acciones jurídicas necesarias e interponer los recursos a que haya lugar”, indica un documento enviado a la Consejería Jurídica del Gobierno de Chihuahua.

Flavio Carlos Valadez, director general de Delitos Financieros y Diversos de la Procuraduría Fiscal de la Federación indica que Hacienda no es parte del proceso.

Esta respuesta se da luego de que la Consejería Jurídica de Chihuahua, luego del sobreseimiento de la PGR sobre la supuesta triangulación de 250 millones de pesos exhortara a la SHCP para que a la brevedad apelara la exoneración en la causa penal 24/2018.

“Al respecto, me permito informar a usted que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (la Secretaría) a la fecha no ha formulado ninguna querella por los hechos que investiga la Procuraduría General de la República (la Procuraduría), por lo que no ha adquirido el carácter de parte en el proceso penal”, respondió la Dirección General de Delitos Financieros y Diversos.

“En el caso en particular, esta Secretaría no cuenta con la calidad de víctima u ofendida del delito y por ello carece de legitimación procesal para apelar dicha resolución, en razón de que los hechos investigados por la Procuraduría no causan ningún agravio o perjuicio a la Secretaría”, precisa el documento.

“Por lo que los recursos presuntamente desviados no forman parte de su patrimonio, conforme a lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, inciso c) subinciso III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, situación que fue hecha del conocimiento de la Procuraduría a través de oficio presentado el 10 de agosto de 2018”, indica.

Con información de Reforma

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Así enfrentan la tragedia del sismo del 19 de septiembre

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A un año del sismo que sacudió al centro de México dejando 369 muertos y miles de damnificados, estos son los relatos de cómo la vida, en medio del luto, ha seguido para aquellos que perdieron su hogar o a sus seres queridos.

Empezar de cero
Irma Escamilla, pedagoga de 46 años y con tres hijos, vive ahora en una casa de madera de unos 20 metros cuadrados en medio de un enjambre de otras viviendas improvisadas erigidas a un lado de la unidad habitacional donde vivía, dañada seriamente por el sismo.

Sobre una litera y una cama hechas por sus hijos con trozos de madera se amontona ropa que les ha sido donada. Hay un pequeño librero, una mesa que le regalaron y algunos electrodomésticos.

“Salimos con lo que traíamos puesto (…) Tuvimos que empezar de cero, sin ropa”, dice Escamilla, quien además de perder su casa dejó su trabajo para estar con su hija de 9 años, pues temía por su seguridad en el campamento.

Obtuvo ayuda gubernamental por cinco meses y tiene el apoyo de su esposo, de quien se separó justo tras el sismo. “Fue mi segundo terremoto”, explica al resumir su situación emocional.

Recientemente pudo entrar al edificio para recuperar papeles. Ahora trabajan ingenieros para reforzar la construcción con la promesa de que en 10 meses podrán regresar a sus hogares.

Escamilla resiente que el gobierno los olvidó, gran parte de la ayuda ha provenido de la sociedad civil. Teme que la próxima jefa de gobierno retrase la reconstrucción y el financiamiento que a golpe de protestas han conseguido.

“Para nosotros ya es muy penoso seguir en esta situación. Queremos volver tranquilos a nuestras casas”, añade.

Fuente: El Informador

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