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Presenta Corral controversia constitucional en contra de la Ley de Seguridad Interior

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Por considerarla una invasión a la soberanía estatal y una vulneración de principios fundamentales de justicia y derechos humanos, el Gobernador Javier Corral Jurado, presentó una controversia constitucional para solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declare inconstitucional la Ley de Seguridad Interior (LSI).

En el texto de la controversia, destaca también que la LSI vulnera la autonomía presupuestaria y financiera de los estados, particularmente del Estado de Chihuahua.

El Gobernador acudió a la Suprema Corte acompañado por Santiago Corcuera Cabezut, abogado experto en Derechos Humanos, quien ha sido miembro del Comité de Expertos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y miembro y presidente del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU, así como de la escritora y politóloga Denise Dresser, el secretario General de Gobierno, César Jáuregui Robles; los activistas Emilio Álvarez Icaza y Gabino Gómez, el diputado federal Guadalupe Acosta Naranjo y el sacerdote Javier Ávila, entre otros.

Como se recordará, dicha Ley fue aprobada el 15 de diciembre del 2017 por el Congreso de la Unión (diputados y senadores) y promulgada por el Presidente de la República el 21 de ese mismo mes, pero no ha entrado en vigor ya que fue remitida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal que admitió por lo menos otras 15 acciones y controversias de inconstitucionalidad.

Desde el momento en que fue aprobada por el Congreso de la Unión, el Gobernador señaló que la Ley de Seguridad Interior violenta principios fundamentales de derechos humanos y pidió a los legisladores federales que reconsideraran la redacción del texto aprobado.

En el documento presentado ante la Suprema Corte, Corral Jurado señaló como objeto de la Controversia, que la LSI permite una invasión a la soberanía del estado por las autoridades federales, así como una vulneración de la autonomía presupuestaria y financiera de Chihuahua y pide a la Suprema Corte la declaratoria de inconstitucionalidad.

En el texto, alude a la definición de competencias de los municipios, de las entidades federativas y de la Federación, a través de los artículos 21, 40, 41, 119 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los que queda claro que en materia de seguridad pública, el Gobierno Federal debe de mantener un estricto respeto a la soberanía de las entidades federativas.

Los agravios aludidos son los siguientes:

1) Invasión de la soberanía del Estado de Chihuahua por las autoridades federales, vulneración de su autonomía presupuestaria y financiera.

2) Se vulnera la esfera jurídica y la competencia de los municipios del estado de Chihuahua, ya que se limitan las facultades en materia de seguridad pública, trasgrede su autonomía y determinación Constitucional y se estarían limitando derechos humanos reconocidos en la Constitución y los Tratados Internacionales.

3) Algunos conceptos de inconstitucionalidad o artículos de la Ley de Seguridad Interior estarían violentando los siguientes derechos:

· Derecho a la seguridad pública

· Libertad de acceso a la información

· Privacidad y protección de datos personales

· Libertad de reunión

· Principio pro-persona

· Principio de progresividad

· Derecho a la libertad personal.

Otras consideraciones son que resulta inconstitucional que una ley pretenda regular una mal llamada seguridad interior y que en la misma se le asigne funciones a las fuerzas armadas consistentes en actividades que van dentro de la seguridad pública, según dispone el Artículo 21 constitucional.

De igual manera, la LSI permite que el Presidente de la República disponga de la totalidad de las fuerza armadas para su instauración, lo que cual es exorbitante y por lo tanto inconstitucional.

“Resulta particularmente preocupante para el estado de Chihuahua la vaguedad en cuanto a la definición de lo que pudieran constituir las acciones que se requieran a cargo de las entidades federativas, incluyendo obligaciones de carácter financiero para solventar acciones de seguridad interior que el Ejecutivo Federal pudiera determinar de manera unilateral y sin haber recibido la petición expresa de la entidad correspondiente”, señala el Gobernador en la controversia presentada.

Corral Jurado reiteró su profundo respeto a las autoridades y elementos de las Fuerzas Armadas, pero consideró que debe acotarse su papel, y por otra parte, permitir la profesionalización de las policías federal y estatales en el combate al crimen organizado.

Desde temprana hora, el gobernador, a través de su cuenta de Twitter, informó que había firmado la controversia para presentarla dentro de los plazos señalados por la propia Suprema Corte.

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México

Editó Anaya portada de Proceso para ocultar nota que le desfavorecía

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El candidato de Por México al Frente, Ricardo Anaya, editó una imagen mostrada durante el segundo debate presidencial para ocultar que en una portada del semanario Proceso se había publicado una nota en su contra.

En el encuentro entre aspirantes a la Presidencia el abanderado de Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, mostró el más reciente número de Proceso, donde la nota principal se titula “Los turbios ingresos de los Anaya” y pone en duda que el matrimonio sólo perciba 400 mil mensuales, como aseguró el panista hace unos días en entrevista televisiva.
Ante el ataque, Anaya Cortés se apresuró a mostrar una cartulina con dos portadas de la misma revista: la primera con un reportaje titulado “Pacto de impunidad” y la fotografía de José Antonio Meade y Rosario Robles; y la segunda con una nota cabeceada “Los Ricos de López Obrador”.

Sin embargo, en la primera imagen recortó deliberadamente el cintillo superior, donde se anunciaba el reportaje “El Frente de Anaya también recluta fichas negras”.

Un día después del debate, el autor de éste último reportaje, Álvaro Delgado, confirmó que la imagen estaba editada.

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Grupo de Lima no reconoce elecciones en Venezuela; llamarán a consultas a sus embajadores

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Los miembros del Grupo de Lima expresaron en un comunicado en conjunto que no reconocen la legitimidad del proceso electoral presidencial desarrollado en Venezuela, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, dijeron en el documento que:

No reconocen la legitimidad del proceso electoral de Venezuela del 20 de mayo por no cumplir con los estándares internacionales de un proceso democrático, libre, justo y transparente”.

En el texto se destacó que reducirán “el nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela, para lo cual llamarán a consultas a los embajadores en Caracas y convocar a los embajadores de Venezuela para expresar sus protestas”.

Leer más: Nicolás Maduro gana elecciones presidenciales en Venezuela; rivales piden nuevos comicios

Así mismo reiteraron “su preocupación por la profundización de la crisis política, económica, social y humanitaria en Venezuela, que se ve reflejada en la migración masiva de venezolanos que llegan a nuestros países en difíciles condiciones”.

Además, el Grupo de Lima anunció que presentará en la sesión número 48 de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) una nueva resolución sobre la situación en Venezuela.

El Grupo de Lima manifestó una serie de medidas:

1) Convocar a una reunión de alto nivel con autoridades responsables del tema migratorio y de refugio, además aceptan que Perú sea sede de dicho encuentro en la primera quincena de junio.

2) Considerar la posibilidad de realizar contribuciones financieras de países vecinos para atender el flujo migratorio de venezolanos.

3) Deplorar la situación humanitaria en Venezuela al tomar en cuenta las implicaciones en materia de salud pública.

4) Convocar a una reunión de alto nivel con autoridades sanitarias para atender la emergencia epidemiológica.

5) Apoyar en el suministro de medicamentos y vigilancia epidemiológico en Venezuela y en países vecinos por brotes de sarampión, paludismo y difteria.

7) Solicitar a las autoridades de cada país transmitir al sector financiero y bancario el riesgo en el que podrían incurrir si realizan operaciones con el gobierno de Venezuela que no cuenten con el aval de la Asamblea Nacional.

8) Coordinar acciones para que los organismos financieros internacionales no otorguen préstamos al Gobierno de Venezuela, sólo cuando el financiamiento sea usado en acciones de ayuda humanitaria.

Con información de la Secreataría de Relaciones Exteriores

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El Segundo Debate Presidencial provoca una oleada de memes en redes sociales

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Los usuarios de redes sociales tan sólo han dejado pasar unos minutos del inicio del Segundo Debate Presidencial para inundar las redes sociales con decenas de memes.

Los candidatos a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya Cortés, José Antonio Meade Kubireña y Jaime Rodríguez Calderón son los grandes protagonistas de los memes luego del Segundo debate pres

Queda un debate más, y esta elección será historia. Este lunes quedarán 40 días exactos para la votación del 1 de julio.

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