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Peña y gobernadores hacen el súper en Soriana: en 11 años, 7 mil millones; casi todo sin licitar

En 2012, cuando Enrique Peña Nieto resultó electo, Soriana quedó como un protagonista polémico en la elección. Durante la campaña del hoy Presidente de México, el PRI repartió miles de monederos electrónicos para gastar en esa cadena de tiendas departamentales

En los últimos 12 años, la cadena de tiendas Soriana obtuvo un ingreso promedio de 48 millones 634 mil 988 pesos al mes de parte del Gobierno federal y de las administraciones estatales, por la adquisición de refrescos, jabón, canastas navideñas, despensas, publicidad, pavos, café tostado, esferas, dulces de Día de Muertos, chile poblano, toallas desmaquillantes, vinos, champiñones, hielera y camarón seco.

También se le compraron galletas, memorias USB, ventiladores, mesas, sillas, tenedores, vasos térmicos, aromatizantes, canastas de fruta seca, un asiento de baño, galletas habaneras, secadoras y hasta un colchón king size.

Durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y en los primeros cinco años de la de Enrique Peña Nieto (2012-2017), Tiendas Soriana recibió 880 contratos por 7 mil 003 millones 438 mil 275 pesos.

Para lograr ese envidiable ingreso, Soriana sólo tuvo que competir en 40 ocasiones, ya que 840 contratos los obtuvo por Adjudicación Directa, de acuerdo con información del Portal de Obligaciones de Transparencia (POT).

Los gobiernos estatales abonaron con el 46.9 por ciento del dinero, ya que las compras locales en 12 años fueron por un total de 3 mil 290 millones 739 mil 666 pesos.

El pasado fin de semana, Pedro Luis Martín Bringas, integrante del Consejo de Administración de Grupo Soriana, difundió un video este fin de semana en el que expresó su apoyo al panista Ricardo Anaya Cortés, candidato presidencial de la coalición “Por México al Frente” y arremetió en contra del morenista Andrés Manuel López Obrador, aspirante a la Presidencia por la alianza “Juntos Haremos Hisotira”, y hasta contra el propio Presidente Enrique Peña Nieto y los ex mandatarios Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón.

“Sólo hemos tenido una bola se imbéciles de candidatos”, dijo el empresario de Torreón, Coahuila.

LAS COMPRAS DEL GOBIERNO

Si se dividen por sexenio, fue el de Calderón el que más compró a la empresa norteña. Durante esos seis años se celebraron 617 contratos por un monto de 4 mil 400 millones 770 mil 508 pesos, mientras que con Peña Nieto fueron 267 contratos por 2 mil 711 millones 219 mil 923 pesos.

No solo fueron compras del Gobierno federal, sino también de los estados, principalmente de Nuevo León, Estado de México y Querétaro.

Uno de los contratos más costosos es el del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social en el Estado de México para la Adquisición, almacenamiento, distribución y entrega de despensas por 936 millones 139 mil 962 pesos.

Le siguen otros dos contratos del DIF Estado de México para la compra de comida, uno por 717 millones 695 mil 017 pesos y otro de 628 millones 486 mil 893 pesos.

De las compras, resaltan los contratos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por la compra de jabón, papel para baño, mobiliario, alimentos y ropa de dama y caballero; en 2016 pagó por la adquisición de 102 tarjetas de despensas, 80 mil 611 pesos.

El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) que es uno de los compradores más frecuentes, tiene pagos de hasta 116 mil 266 pesos por “material de cafetería” o 34 mil 914 pesos de refrescos.

Los contratos públicos también incluyen gastos de 50 pesos, tarjetas de regalo para comprar ropa por 38 mil 941 pesos, paquetines de galletas de 116 mil 266 pesos, desodorantes para el Sistema de Administración Tributaria (SAT) por 340 pesos, 13 mil 947 pesos para refrescos de lata, esferas navideñas de 972 pesos y cucharas desechables por 16 mil 515 pesos.

También están la compra de 200 gramos de camarón seco por 2 mil 345 pesos, un colchón king size para la casa del Director del Servicio Geológico Mexicano (SGM) por 3 mil 042 pesos, un servicio de abasto de vinos por 16 mil 632 pesos, la compra de un procesador de alimentos por 2 mil 337 pesos, 34 mil 914 pesos por refrescos de lata, 116 mil 266 pesos de galletas, 14 mil 811 pesos en sustituto de crema, 13 mil 344 pesos para esferas rojas y 3 millones 542 mil pesos por la colocación de publicidad del ISSSTE en los estacionamientos de sus plazas comerciales.

Fuente: Vanguardia

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Air Canada no planea volar desde aeropuerto de la 4T

Air Canada no tiene planes para volar desde el aeropuerto de Santa Lucía, el cual aún está en construcción y se perfila para ser inaugurado el 21 de marzo del año próximo, pero que aún no cuenta con aerolíneas confirmadas.

En conferencia de prensa, Luis Noriega Benet, director de ventas para América Latina y el Caribe de la aerolínea canadiense, señaló que no contemplan en este momento operar en el nuevo aeropuerto civil-militar.

“En cuanto al aeropuerto Felipe Ángeles no lo estamos contemplando en este momento, falta mucho, no está terminado, falta el estudio de viabilidad y estudios de capacidad del AICM; entonces no, no está en nuestros planes”, indicó Noriega este miércoles.

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles no cuenta con ninguna aerolínea de bandera extrajera que haya externado públicamente su intención de volar desde dicho aeropuerto, pero Viva Aerobus e, incluso, Aeromar han dejado ver la posibilidad de tener vuelos desde ese puerto aéreo si los costos son viables.

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Duarte

Maru Campos, se lanza fuertemente contra César Duarte

La gobernadora de Chihuahua aseguró en sesión solemne para su toma de protesta que se seguirá el proceso contra el exgobernador César Duarte, quien se encuentra en un centro de detención en la ciudad de Miami, Florida en espera de su extradición.

“En el caso Duarte, ni perdón ni olvido”, afirmó la nueva gobernadora de Chihuahua sobre continuar en coordinación con las autoridades de procuración de justicia.

Actualmente sigue vigente el proceso de extradición para que el exmandatario enfrente a las autoridades en Chihuahua en relación a las acusaciones de corrupción y desvío de recursos públicos del Gobierno estatal con fines político electorales.

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