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Sus padres son su peor pesadilla

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Vivía humillada. Insultada. Maltratada. “¡Puta!, ¡marrana!, ¡que te acuestas con todo el que pillas!”, le gritaba su madre mientras la golpeaba. “Como cuentes algo te voy a cortar la lengua”, le susurraba su padrastro tras violarla una y otra vez. Pero Benita aguantaba, aterrorizada, en esa casa infernal de Arquillos (Jaén) donde sufría palizas y abusos desde los 13 años. No conocía otro mundo.

“Prácticamente no se relacionaba con nadie de fuera”, narra un guardia civil después de que la joven reuniera el valor suficiente para huir. Ahora, pasados dos años, intenta reconstruirse a sí misma. Comparte piso y tiene trabajo. Pero recibe tratamiento psicológico y su “desgarrador” relato, subrayan los magistrados que juzgaron su caso, volvió a deshacerla en lágrimas este octubre, cuando sus padres se sentaron en el banquillo de los acusados. Acaban de condenarlos a 16 años de prisión.

“Benita llevaba mucho tiempo pensando en irse de casa. Pero no podía. Tenía muchísimo miedo”, se arranca Celia Megía, la abogada de la Asociación de Mujeres Víctimas de Violencia Sexual (Amuvi), que la ha acompañado durante los últimos meses. La letrada se remonta hasta el 7 de julio de 2014, el día en que la joven dio definitivamente un paso adelante y se escapó. Apenas sumaba entonces 19 años. Aquella mañana se levantó como cada jornada para vestir y cuidar a sus hermanos pequeños. A su madre, María del Carmen Ortega, que seguía en la cama, le dijo que se quedara acostada. Pero ella reaccionó con violencia. Sintió que la desafiaba.

“Eres una perra, una puta, una zorra…”, escuchaba la joven mientras se protegía de los puñetazos que le caían por todo el cuerpo. “Te has acostado con los hombres que te ha dado la gana”, repetía la madre, que la agarró del cuello y comenzó a apretar hasta dejarla sin respiración. Entonces paró. Solo unos segundos. Porque cogió la fregona y volvió para golpearla con ella. Como ya había ocurrido tan solo una semana antes, cuando empezó a tirarle botellas de coca-cola de dos litros rellenas de agua y le rompió en la espalda el palo del mocho. “Esa era su vida desde que murió su padre biológico cuando tenía nueve años: un auténtico infierno”, recalca Megía.

Esas palizas fueron las últimas. Benita quería acabar con las pesadillas que la atormentaban por la noche, con los intentos de suicidio que le venían a la cabeza… “Hizo un gran acto de valentía. Rompió con el bucle en el que estaba”, subraya uno de los primeros agentes que investigó su desaparición. Porque la joven dijo que se iba a tirar la basura. Y se marchó. Sola. “Pasó dos noches a la intemperie”, cuenta su abogada. Se escondió en un tubo de desagüe bajo una carretera. Hasta que la encontró un vecino, testigo protegido durante la causa: “Estaba llena de cardenales. Sucia. Fatigada. Le dije de ir al cuartel [de la Guardia Civil] a explicar las cosas. Pero ella no quería porque decía que, si iba, la iban a llevar a su casa. Y, que si la llevaban a su casa, se suicidaba”.

La búsqueda

Pero sus padres no pretendían dejarla escapar. Ortega y el padrastro, Pedro Antonio Fernández, denunciaron la desaparición de la joven y organizaron batidas de búsqueda. Decenas de voluntarios se sumaron a ellas, además de efectivos de la Guardia Civil, Protección Civil y Bomberos. “Comenzamos a rastrear su teléfono y los repetidores nos indicaron que seguía en Arquillos”, destaca un agente del equipo de Policía Judicial del instituto armado de la Comandancia de Jaén, que abrió una investigación paralela para averiguar las causas de la huida. “Cuatro días después, localizamos al vecino que la había ayudado y este nos indicó dónde estaba Benita”.

Parece que las palizas eran un secreto a voces en Arquillos y nadie hizo nada
CELIA MEGÍA, ABOGADA
La chica se encontraba a salvo en un palomar. “Estaba fatal, con hematomas por el cuerpo. No paraba de llorar y no quería volver a su casa”, subraya uno de los guardias civiles que la halló. Entonces, Benita relató todas sus penurias. No solo los golpes y puñetazos. También los continuos abusos sexuales que padecía. Su padrastro la manoseaba, la obligaba a ver películas pornográficas y a practicarle felaciones. “Su madre era plenamente consciente y consentidora, llegando incluso a promoverlas”, subraya la sentencia, que describe cómo Ortega enseñó a su hija, cuando solo tenía 13 años, a masturbar a Fernández. Y cómo, cuando ella no tenía ganas de mantener relaciones con su pareja, le decía “que se follara a la niña, que para eso tenía mujeres en casa”.

El “calvario” de Benita, en boca de los jueces, acabó el día que huyó. “Cuando me fui, no quería volver porque tenía miedo de que me mataran de tanto como me pegaban”, dijo durante el juicio. Tras escapar, ingresó en una casa de acogida. Tenía síntomas de ansiedad y depresión, enormes dificultades para dormir e, incluso, sentimientos de culpabilidad. Ahora, ya en un piso compartido, trata de rehacerse y olvidar su barrio de Arquillos, una localidad de apenas 1.900 vecinos. “Donde, según parece, las palizas eran un secreto a voces. Y nadie hizo nada”, concluye su abogada.

CONDENADOS A 16 AÑOS DE CÁRCEL
La Audiencia Provincial de Jaén ha condenado hace apenas un mes a 16 años de cárcel a la madre y al padrastro, María del Carmen Ortega y Pedro Antonio Fernández, de 45 y 37 años, por dos delitos de maltrato y otro de agresión sexual. Los jueces tuvieron en cuenta las pruebas periciales, las médicas, las psicológicas y las declaraciones de los distintos acusados y de los testigos.

Uno de los hermanos pequeños relató, por ejemplo, que la chica lloraba mucho por las palizas y agresiones que recibía en su casa, donde vivía la pareja con las dos hijas del matrimonio anterior de Ortega —entre ellas, la víctima— y los tres niños pequeños que tenían en común. La Guardia Civil sospecha que la otra hermana de Benita también sufrió agresiones, pero no quedó acreditado en el juicio.

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Diarios en EEUU defienden libertad de prensa contra ataques de Trump

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Cientos de diarios en Estados Unidos dedicaron espacio en sus ediciones de este jueves a una defensa coordinada de la libertad de prensa y contestar los ataques del presidente Donald Trump, quien ha declarado que algunos medios de comunicación son enemigos del pueblo estadunidense.

Cada medio impreso publicó una editorial, que generalmente es un artículo sin firmar que refleja la opinión de un consejo editorial sobre un tema en particular y está separado de las noticias y otras secciones en un diario.

En la iniciativa participaron más de 350 periódicos de distinto alcance, tanto nacional como medios locales, entre ellos algunos con base en los estados que Trump ganó en la elección de 2016. El Boston Globe dijo que coordinó la publicación e incluyó una base de datos en su web.
“La grandeza de Estados Unidos depende del rol de una prensa libre para decir la verdad a los poderosos”, dijo el Globe. “Etiquetar a la prensa como ‘el enemigo del pueblo’ es tan antiestadunidense como peligroso para el pacto cívico que hemos compartido durante más de dos siglos”.

Trump ha criticado con frecuencia a periodistas y ha calificado noticias que contradicen su opinión o posiciones políticas como noticias falsas o “fake news”. Un representante de la Casa Blanca no pudo ser contactado inmediatamente para hacer un comentario sobre los editoriales.

En febrero de 2017, Trump tuiteó que “Los medios de FAKE NEWS (los fallidos @nytimes, @NBCNews, @ABC, @CBS, @CNN) no son mis enemigos, ¡son el enemigo del pueblo estadunidense!”.

Las palabras del mandatario republicano reflejan una opinión compartida por muchos conservadores de que la mayoría de los periódicos y otros medios de comunicación distorsionan, inventan u omiten hechos debido a un prejuicio en su contra.

“Periodistas y editores de noticias son humanos y cometen errores. Corregirlos es esencial para nuestro trabajo”, publicó el New York Times. “Pero insistir en que las verdades que no gustan son ‘noticias falsas’ es peligroso para la esencia de la democracia. Y llamar a periodistas ‘enemigo del pueblo’ es peligroso, y punto”.

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Duterte expresa deseo de renunciar a presidencia de Filipinas

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El mandatario filipino Rodrigo Duterte, quien inició una dura campaña contra el tráfico y consumo de drogas al comienzo de su mandato, expresó su deseo de renunciar y ha creado una nueva polémica que incluye a su vicepresidenta.

El tema inició con la demanda del exsenador Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. y aspirante la vicepresidencia filipina en los comicios de 2016, quien dijo que la ganadora Leni Robredo hizo fraude en su victoria.

Aunque la demanda sigue su curso judicial, el vocero presidencial Harry Roque señaló este jueves que el mandatario renunciará si Marcos gana su demanda, reiterando declaraciones previas de Duterte.
De vencer en la impugnación, el exsenador se convertiría en vicepresidente y entonces Duterte renunciaría, con lo que dejaría la vía libre al hijo de Ferdinand Marcos, quien gobernó con mano dura Filipinas de 1965 a 1986, para ser el nuevo jefe de Estado.

De acuerdo a la prensa filipina, Duterte desde octubre de 2016 expresó sus preferencias para que Marcos fuera el vicepresidente en lugar de Leni Robredo.

Las capacidades de Robredo, quien carece de funciones reales, no son las adecuadas para hacerse cargo de la presidencia, indicó Duterte.

El mandatario, quien ha ganado los titulares por enfrentarse de manera áspera a líderes como el expresidente Barack Obama, ha expresado su deseo de renunciar ante el poco avance de sus políticas contra la corrupción, precisan los medios filipinos.

Antes de manifestarse abiertamente a favor de Marcos, había señalado que una junta o el senador Francis Escudero deberían de sucederlo si renuncia, pero esas opciones no están previstas en la constitución filipina.

Robredo señaló ya que tanto ella como Duterte deben de seguir en sus respectivos cargos hasta 2022, cuando vence el termino para el cual fueron electos.

El país tiene muchos problemas y debemos de buscarles solución, aseguró.

Por su parte, aliados políticos del mandatario como el senador Vicente Sotto III manifestó que conoce a Duterte y sabe que la palabra “rendirse” no está en su vocabulario.

No es renuncia, sino frustración por la corrupción gubernamental que le ha tocado combatir, comentó.

En este sentido, el exsenador Marcos señaló que Duterte no debe de dejar su cargo. Agradeció su fe en sus habilidades, pero lo urgió a no abandonar el cargo pues el pueblo filipino lo necesita.

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Unicef asegura que México también separa menores migrantes de sus padres

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Las autoridades migratorias mexicanas separan de sus familias a niños migrantes mayores de 12 años provenientes de Centroamérica, lo que causa un “estrés tóxico” en los menores, alertó este miércoles Dora Giusti, jefa de Protección a la Infancia de Unicef México.

En su informe “Desarraigados en Centroamérica y México”, que aborda los flujos migratorios entre América Central y América del Norte, Unicef señala que no solo Estados Unidos separa a familias migrantes, sino también lo hace México, país en que se establecen muchos migrantes ante las dificultades de alcanzar la frontera norte.

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), las autoridades mexicanas suelen detener y llevar a los niños de 12 años a una zona separada de sus familias, mientras que se permite a las madres quedarse con los niños más pequeños.

Ante esto, Giusti pidió acelerar la reunificación de familias, tanto en México como en Estados Unidos, y advirtió que “el impacto que tiene la separación y la detención genera un estrés tóxico que puede generar repercusiones de por vida, como trastornos psicológicos”.

“Hacemos un llamado fuerte ante esta situación para que no se vuelva a repetir en ningún lado, ni en México ni en Estados Unidos u otros lugares”, sentenció en declaraciones a Efe.

El informe, divulgado hoy, indica que al menos 286 mil 290 migrantes que viajaban a Estados Unidos fueron interceptados en la frontera norte de México entre octubre de 2017 y junio de 2018. De ellos, 37.450 eran menores de edad que emprendieron la travesía en solitario.

Los que viajan solos suelen ser víctimas de “explotación por parte de bandas criminales y violencia sexual en el caso de las chicas”, así como discriminación y rechazo en las comunidades por donde pasan, indicó Giusti.

Además, Unicef calcula que, entre 2016 y 2017, casi 60 mil menores de Guatemala, Honduras y El Salvador fueron retenidos en estaciones migratorias, en lugar de ser hospedados en albergues como marca la ley.

Dora Giusti explicó que se han detectado casos de menores que pasan hasta tres meses detenidos, lo que les genera “una desesperación muy fuerte” y muchos de ellos prefieren ser retornados a sus países e intentar la travesía de nuevo antes que seguir encerrados y solicitar refugio.

“Si no los trasladan a un albergue se desesperan y ya no quieren pedir refugio. Para ellos, México es la estación migratoria y no quieren vivir así”, describió.

Añadió que la fiscalía especializada en protección de niños debería realizar “un análisis en detalle de los derechos” de cada menor, pero ello “no ocurre en el 100 % de los casos y muchos chicos son retornados rápidamente en tres días”.

Solo 167 solicitudes de asilo y refugio fueron aprobadas en México en 2017, año en que se detectaron 18 mil menores, por lo que el resto fueron sometidos a procesos de deportación.

En los casos de niños de Guatemala, son retornados en camión y ubicados en un albergue en la frontera, desde donde se contactan las familias.

El proceso con los hondureños y salvadoreños se demora más, puesto que las deportaciones se hacen en avión y deben ser costeadas por las autoridades del estado mexicano donde se detuvo al menor, y no siempre tienen el presupuesto para hacerlo.

La jefa de Protección a la Infancia de Unicef México indicó que aunque la inmensa mayoría de menores huyen de la violencia y buscan reencontrarse con familiares afincados en Estados Unidos, están “dispuestos a quedarse en México si se le ofrece un proyecto de vida”, como trabajo o formación profesional.

Unicef insta a México a poner fin a la práctica de detención de niños por su condición de migrantes, así como a protegerlos de la violencia, mantener sus familias unidas y abordar las causas estructurales que les obligan a huir de sus países de origen, como la falta de desarrollo económico y la violencia en Centroamérica.

Giusti explicó que estas demandas ya han sido trasladadas al equipo de transición del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, quien asumirá la Presidencia el próximo 1 de diciembre.

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