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México con alta inflación entre los países de la OCDE

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En febrero este año, la inflación en México fue de 3.9 por ciento a tasa anual, con lo que se ubicó como la séptima más alta entre los 34 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

De acuerdo con el reporte mensual de la OCDE sobre los precios al consumidor, la inflación anual de México en el segundo mes de 2012 se debió al aumento de 8.0 por ciento en los precios de la energía, así como al alza de 6.9 por ciento en los precios de los alimentos.

Señala que para el conjunto de países de la OCDE, la inflación anual en febrero de 2012 se mantuvo estable en 2.8 por ciento, con divergencias y movimientos de compensación en los precios de la energía y los alimentos.

Indica que los precios de la energía subieron 7.9 por ciento anual en febrero, frente al 7.4 por ciento en enero, mientras que los precios de los alimentos se desaceleraron a 3.9 por ciento anual, desde 4.3 por ciento en el primer mes del año en curso.

Conforme la información del organismo, expone que los países con mayores tasas de inflación anual en febrero fueron Turquía con 10.4 por ciento, Islandia con 6.3, Hungría con 5.9, Chile con 4.4, Polonia con 4.3 por ciento, Estonia con 4.2 por ciento y México 3.9 por ciento.

En contraste, añade, Suiza fue el único país donde los precios al consumidor registraron una disminución, de 0.9 por ciento en febrero de este año.

Refiere que los países con bajas tasas de inflación anual en el segundo mes de 2012 fueron Japón con 0.3 por ciento, Noruega con 1.2 por ciento, Israel con 1.7, Nueva Zelanda con 1.8, Suecia con 1.9 por ciento y España con 2.0 por ciento.

Comparado con el mes previo, agrega que los precios al consumidor en el área de la OCDE aumentó un 0.4 por ciento en febrero de 2012.

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Medicinas genéricas tardarán más gracias al USMCA

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En el nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (USMCA por sus siglas en inglés), existe una cláusula de protección de datos a medicamentos que generará que los mexicanos esperen más tiempo por acceder a los productos de corte genérico.

En el capítulo de protección de intelectual del acuerdo se establece un periodo mínimo de 10 años de protección de datos para los medicamentos biológicos, aquellos creados a través de organismos vivos y usados para tratar enfermedades como el cáncer, y un lapso de tres años —que puede ser renovado— para los de corte químico, es decir, aquellos más simples.

Hasta ahora en México no existe un plazo establecido de protección de datos para los medicamentos biológicos y en el caso de los de productos químicos (los medicamentos tradicionales) el plazo era de cinco años.

“Una de las cláusulas establece extensiones a las patentes, eso significa que los genéricos o los medicamentos biosimilares no van a poder salir al mercado en menos tiempo porque el monopolio se va a extender”, explicó Fabiana Jorge, experta en comercio internacional de Argentina.

El recién anunciado USMCA “obligaría a México a otorgar extensiones a estos ya extensos monopolios y ni siquiera establece requisitos o limitaciones para dichas extensiones”, explicó.

Por su parte, Sergio López Lora, CEO de IQOM Inteligencia Comercial indicó que los datos quedarán protegidos por una década, lo que implica que no se pueden utilizar por los competidores de la empresa farmacéutica que desarrolló el medicamento.

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Corresponde a Chihuahua caso Alejandro Gutiérrez: SHCP

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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del Gobierno de Enrique Peña Nieto determinó que el Estado de Chihuahua es la víctima en el caso del presunto desvío de recursos por parte de Alejandro Gutiérrez, ex secretario general del PRI.

“(…) con independencia de lo establecido por el Poder Judicial de la Federación en la resolución del Conflicto Competencial 4/2018, la defensa de los recursos en cuestión sí compete al fuero local; por lo que en consecuencia corresponde enteramente al Gobierno del Estado de Chihuahua, y no al Gobierno federal, llevar a cabo las acciones jurídicas necesarias e interponer los recursos a que haya lugar”, indica un documento enviado a la Consejería Jurídica del Gobierno de Chihuahua.

Flavio Carlos Valadez, director general de Delitos Financieros y Diversos de la Procuraduría Fiscal de la Federación indica que Hacienda no es parte del proceso.

Esta respuesta se da luego de que la Consejería Jurídica de Chihuahua, luego del sobreseimiento de la PGR sobre la supuesta triangulación de 250 millones de pesos exhortara a la SHCP para que a la brevedad apelara la exoneración en la causa penal 24/2018.

“Al respecto, me permito informar a usted que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (la Secretaría) a la fecha no ha formulado ninguna querella por los hechos que investiga la Procuraduría General de la República (la Procuraduría), por lo que no ha adquirido el carácter de parte en el proceso penal”, respondió la Dirección General de Delitos Financieros y Diversos.

“En el caso en particular, esta Secretaría no cuenta con la calidad de víctima u ofendida del delito y por ello carece de legitimación procesal para apelar dicha resolución, en razón de que los hechos investigados por la Procuraduría no causan ningún agravio o perjuicio a la Secretaría”, precisa el documento.

“Por lo que los recursos presuntamente desviados no forman parte de su patrimonio, conforme a lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, inciso c) subinciso III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, situación que fue hecha del conocimiento de la Procuraduría a través de oficio presentado el 10 de agosto de 2018”, indica.

Con información de Reforma

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Así enfrentan la tragedia del sismo del 19 de septiembre

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A un año del sismo que sacudió al centro de México dejando 369 muertos y miles de damnificados, estos son los relatos de cómo la vida, en medio del luto, ha seguido para aquellos que perdieron su hogar o a sus seres queridos.

Empezar de cero
Irma Escamilla, pedagoga de 46 años y con tres hijos, vive ahora en una casa de madera de unos 20 metros cuadrados en medio de un enjambre de otras viviendas improvisadas erigidas a un lado de la unidad habitacional donde vivía, dañada seriamente por el sismo.

Sobre una litera y una cama hechas por sus hijos con trozos de madera se amontona ropa que les ha sido donada. Hay un pequeño librero, una mesa que le regalaron y algunos electrodomésticos.

“Salimos con lo que traíamos puesto (…) Tuvimos que empezar de cero, sin ropa”, dice Escamilla, quien además de perder su casa dejó su trabajo para estar con su hija de 9 años, pues temía por su seguridad en el campamento.

Obtuvo ayuda gubernamental por cinco meses y tiene el apoyo de su esposo, de quien se separó justo tras el sismo. “Fue mi segundo terremoto”, explica al resumir su situación emocional.

Recientemente pudo entrar al edificio para recuperar papeles. Ahora trabajan ingenieros para reforzar la construcción con la promesa de que en 10 meses podrán regresar a sus hogares.

Escamilla resiente que el gobierno los olvidó, gran parte de la ayuda ha provenido de la sociedad civil. Teme que la próxima jefa de gobierno retrase la reconstrucción y el financiamiento que a golpe de protestas han conseguido.

“Para nosotros ya es muy penoso seguir en esta situación. Queremos volver tranquilos a nuestras casas”, añade.

Fuente: El Informador

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