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En riesgo de espionaje, red telefónica de Sedena

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La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) solicitó cambiar totalmente la red telefónica de sus 172 altos mandos, incluido el secretario, general Guillermo Galván Galván, debido a las constantes fallas que presenta el actual sistema para controlar, resguardar y garantizar la plena seguridad de las comunicaciones telefónicas.

En la solicitud enviada a la Secretaría de Hacienda el pasado 1 de enero, la Sedena reconoce que operar las órdenes con problemas de comunicación vía telefónica puede tener “repercusiones en las operaciones que realiza la dependencia para la seguridad nacional”, por posibles intervenciones a las líneas.

El proyecto, a cargo del comandante de la Compañía de Transmisiones Froylán Jiménez Martínez, consiste en sustituir dos conmutadores telefónicos que alimentan la red de funcionarios y 180 aparatos telefónicos, cuya función es “mantener la comunicación telefónica entre el alto mando con sus organismos subordinados en el interior del edificio de esta Secretaría, proveer mayor seguridad en las comunicaciones telefónicas, así como la posibilidad de crecimiento a futuro”, según la solicitud.

En el diagnóstico que la Sedena hace de su actual red telefónica de funcionarios se explica que se trata de una red privada para enlazar a los funcionarios de los organismos con el propio titular de esta secretaría, la cual requiere de “una alta disponibilidad y mínimo de fallas”.

Esta red consta de dos conmutadores telefónicos: uno de la marca Telrad, modelo Symphony, con 180 aparatos telefónicos, y otro marca Panasonic, modelo KXT1232, con 23 teléfonos, los cuales presentan fallas recurrentes en su funcionamiento.

El primer conmutador tiene capacidad de 140 extensiones, que se han ido dañando en 16 años, hasta quedar en servicio solo 108 de ellas.

Aunque funciona al 100 por ciento de su capacidad, presenta fallas recurrentes, pues 32 puertos telefónicos se encuentran en mal estado.

El segundo conmutador tiene capacidad para 32 extensiones y su operación continua durante 14 años ha provocado daños en 10. Actualmente sólo operan 23 extensiones con fallas recurrentes, pues nueve puertos se encuentran dañados.

En principio, estos conmutadores daban servicio a un total de 172 funcionarios de la secretaría, pero actualmente sólo atienden a 133, con lo que han quedado sin servicio telefónico 41 funcionarios, a causa de “haberse dañado el equipo y ya no es posible su reparación”.

Esto es importante por las crecientes necesidades de trabajo que se están presentando en la dependencia, sin considerar el hecho de que la red requiere ser privada para garantizar la seguridad en la toma de decisiones y coordinaciones propias de los organismos de la Sedena.

Añade que en los últimos 16 años los conmutadores se han actualizado en dos ocasiones y están al límite de sus características técnicas.

Hasta ahora, las fallas recurrentes de la red han sido solucionadas por personal de la Compañía de Transmisiones, pero la dificultad en su reparación es cada vez mayor, sobre todo porque no se dispone de material de refacciones adecuado, ya que éste se encuentra descontinuado por el propio fabricante.

El cambio total del sistema tendría un costo de 3.9 millones de pesos y la instalación e implementación se llevaría a cabo por personal de ingenieros de la Sedena, en virtud de que la naturaleza del proyecto implica controlar, resguardar y garantizar la seguridad de las comunicaciones telefónicas de los altos mandos de la dependencia y, consecuentemente, de la Seguridad Nacional.

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Medicinas genéricas tardarán más gracias al USMCA

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En el nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (USMCA por sus siglas en inglés), existe una cláusula de protección de datos a medicamentos que generará que los mexicanos esperen más tiempo por acceder a los productos de corte genérico.

En el capítulo de protección de intelectual del acuerdo se establece un periodo mínimo de 10 años de protección de datos para los medicamentos biológicos, aquellos creados a través de organismos vivos y usados para tratar enfermedades como el cáncer, y un lapso de tres años —que puede ser renovado— para los de corte químico, es decir, aquellos más simples.

Hasta ahora en México no existe un plazo establecido de protección de datos para los medicamentos biológicos y en el caso de los de productos químicos (los medicamentos tradicionales) el plazo era de cinco años.

“Una de las cláusulas establece extensiones a las patentes, eso significa que los genéricos o los medicamentos biosimilares no van a poder salir al mercado en menos tiempo porque el monopolio se va a extender”, explicó Fabiana Jorge, experta en comercio internacional de Argentina.

El recién anunciado USMCA “obligaría a México a otorgar extensiones a estos ya extensos monopolios y ni siquiera establece requisitos o limitaciones para dichas extensiones”, explicó.

Por su parte, Sergio López Lora, CEO de IQOM Inteligencia Comercial indicó que los datos quedarán protegidos por una década, lo que implica que no se pueden utilizar por los competidores de la empresa farmacéutica que desarrolló el medicamento.

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Corresponde a Chihuahua caso Alejandro Gutiérrez: SHCP

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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del Gobierno de Enrique Peña Nieto determinó que el Estado de Chihuahua es la víctima en el caso del presunto desvío de recursos por parte de Alejandro Gutiérrez, ex secretario general del PRI.

“(…) con independencia de lo establecido por el Poder Judicial de la Federación en la resolución del Conflicto Competencial 4/2018, la defensa de los recursos en cuestión sí compete al fuero local; por lo que en consecuencia corresponde enteramente al Gobierno del Estado de Chihuahua, y no al Gobierno federal, llevar a cabo las acciones jurídicas necesarias e interponer los recursos a que haya lugar”, indica un documento enviado a la Consejería Jurídica del Gobierno de Chihuahua.

Flavio Carlos Valadez, director general de Delitos Financieros y Diversos de la Procuraduría Fiscal de la Federación indica que Hacienda no es parte del proceso.

Esta respuesta se da luego de que la Consejería Jurídica de Chihuahua, luego del sobreseimiento de la PGR sobre la supuesta triangulación de 250 millones de pesos exhortara a la SHCP para que a la brevedad apelara la exoneración en la causa penal 24/2018.

“Al respecto, me permito informar a usted que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (la Secretaría) a la fecha no ha formulado ninguna querella por los hechos que investiga la Procuraduría General de la República (la Procuraduría), por lo que no ha adquirido el carácter de parte en el proceso penal”, respondió la Dirección General de Delitos Financieros y Diversos.

“En el caso en particular, esta Secretaría no cuenta con la calidad de víctima u ofendida del delito y por ello carece de legitimación procesal para apelar dicha resolución, en razón de que los hechos investigados por la Procuraduría no causan ningún agravio o perjuicio a la Secretaría”, precisa el documento.

“Por lo que los recursos presuntamente desviados no forman parte de su patrimonio, conforme a lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, inciso c) subinciso III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, situación que fue hecha del conocimiento de la Procuraduría a través de oficio presentado el 10 de agosto de 2018”, indica.

Con información de Reforma

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Así enfrentan la tragedia del sismo del 19 de septiembre

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A un año del sismo que sacudió al centro de México dejando 369 muertos y miles de damnificados, estos son los relatos de cómo la vida, en medio del luto, ha seguido para aquellos que perdieron su hogar o a sus seres queridos.

Empezar de cero
Irma Escamilla, pedagoga de 46 años y con tres hijos, vive ahora en una casa de madera de unos 20 metros cuadrados en medio de un enjambre de otras viviendas improvisadas erigidas a un lado de la unidad habitacional donde vivía, dañada seriamente por el sismo.

Sobre una litera y una cama hechas por sus hijos con trozos de madera se amontona ropa que les ha sido donada. Hay un pequeño librero, una mesa que le regalaron y algunos electrodomésticos.

“Salimos con lo que traíamos puesto (…) Tuvimos que empezar de cero, sin ropa”, dice Escamilla, quien además de perder su casa dejó su trabajo para estar con su hija de 9 años, pues temía por su seguridad en el campamento.

Obtuvo ayuda gubernamental por cinco meses y tiene el apoyo de su esposo, de quien se separó justo tras el sismo. “Fue mi segundo terremoto”, explica al resumir su situación emocional.

Recientemente pudo entrar al edificio para recuperar papeles. Ahora trabajan ingenieros para reforzar la construcción con la promesa de que en 10 meses podrán regresar a sus hogares.

Escamilla resiente que el gobierno los olvidó, gran parte de la ayuda ha provenido de la sociedad civil. Teme que la próxima jefa de gobierno retrase la reconstrucción y el financiamiento que a golpe de protestas han conseguido.

“Para nosotros ya es muy penoso seguir en esta situación. Queremos volver tranquilos a nuestras casas”, añade.

Fuente: El Informador

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