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‘El rey Zambada’ contribuyó en la introducción de 127 toneladas de cocaína a EU en 15 años

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Considerado como uno de los principales operadores del Cártel de Sinaloa, con un gran control de los cargamentos de droga que llegaban y salían del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Jesús Zambada García, alias “El Rey Zambada”, manejó sus actividades criminales con un bajo perfil hasta el año 2008 y su nombre era poco conocido por las autoridades federales, a pesar de ser hermano de Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los líderes más visibles de esta organización criminal.

Desde los tiempos de “La Federación” en 1990, la cual agrupaba a los principales capos sinaloenses y que es definida por el gobierno estadounidense como “un sindicato del crimen organizado” que opera con contactos políticos y una red de policías corruptos, Jesús Zambada García era una pieza central en la estructura del Cártel de Sinaloa para los envíos de cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos.

De acuerdo con la acusación que pesa en su contra en la Corte de Distrito del Distrito Este en Nueva York, “El Rey Zambada” desde su posición como operador en el aeropuerto capitalino contribuyó de forma significativa a la introducción de 127 toneladas de cocaína en la Unión Americana entre los años 1990 y 2005.

Dichos cargamentos de droga le habrían reportado a “La Federación” ingresos brutos de hasta 10 millones de dólares al año, es decir, sus ingresos globales durante 15 años habrían alcanzado la suma total de 150 millones de dólares.

Nacido el 13 de agosto de 1961, el hermano menor de Ismael Zambada García, “El Mayo Zambada” es señalado por el Fiscal de Distrito de Nueva York, Benton Campbell, como un narcotraficante con la misma relevancia que Joaquín “El Chapo” Guzmán y el propio Ismael Zambada García en la introducción de drogas a territorio norteamericano.

Su actuación dentro de ese grupo delictivo es equiparada a la que tuvieron en su momento los extintos narcotraficantes Arturo Beltrán Leyva, alias “El Barbas”, e Ignacio Coronel Villarreal, “Nacho Coronel”; abatidos ambos por fuerzas castrenses mexicanas en diciembre del 2009 y julio del 2010, respectivamente.

La acusación abarca siete violaciones graves a la ley antinarcóticos de la Unión Americana y nueve cargos por tráfico internacional de drogas, asociación delictuosa y conspiración para la distribución de cocaína.

La demanda fue presentada por los fiscales estadounidenses ante un Gran Jurado el 10 de julio del 2009, es decir, nueve meses después de que Jesús Zambada García fuera detenido junto con su hijo Jesús Zambada Reyes en la Ciudad de México.

De acuerdo con la misma, “La Federación” tenía una estrecha coordinación con productores de cocaína y manejaba de forma intensiva transportes marítimos, aéreos y terrestres para el tráfico de estupefacientes desde Sudamérica y Centroamérica, hacia México y Estados Unidos, siendo “El Rey Zambada” pieza clave en dicha estructura.

Las autoridades norteamericanas explicaron que hasta el año 2008, cuando los capos sinaloenses se escinden entre los grupos afines a “El Chapo Guzmán” y los que se alinearon con “El Cártel de los Beltrán Leyva”, “La Federación” había logrado reducir al mínimo la violencia entre sus integrantes, asegurando además protección política y judicial común para sus integrantes.

Esa era una de las razones por las que no existía en México ninguna orden de aprehensión en contra de “El Rey Zambada”, mismo que al momento de su extradición a Estados Unidos apenas si enfrentaba dos procesos penales en nuestro país.

Dichos juicios penales se iniciaron luego de su captura y se le acusaba de delitos contra la salud, acopio de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, posesión de cartuchos reservados para las fuerzas armadas, delincuencia organizada y homicidio calificado, sin que se le llegara a dictar sentencia.

De acuerdo con información del semanario Río Doce que se edita en Culiacán, Sinaloa, “El Rey Zambada” comenzó a ser conocido en mayo del 2008, unos meses después de que fuera capturado Alfredo Beltrán Leyva, alias “El Mochomo”, detención que rompió la unidad de la llamada “Federación de Sinaloa”.

En medio de rumores de que integrantes del propio Cártel de Sinaloa habían entregado a “El Mochomo”, comenzaron a aparecer mantas y mensajes en contra de Joaquín Guzmán Loera y el propio Jesús Zambada García, al cual señalaban como operador de ese grupo delictivo en el aeropuerto capitalino.

Las primeras mantas en contra de “El Rey Zambada” aparecieron en el propio estado de Sinaloa y posteriormente se extendieron a otras entidades del país, al grado de que días antes de su captura apareció un “narcomensaje” en el que se le responsabilizaba de la violencia que se vivía en Guerrero por el rompimiento de los Beltrán Leyva con Rogaciano Alba, un ex presidente municipal del PRI dedicado al tráfico de drogas.

La propia PGR ha señalado que Jesús Reynaldo Zambada García contaba con protección policiaca del que fuera subdirector de Investigación de Delitos de la Policía Federal, Édgar Enrique Bayardo del Villar, mismo que fue abatido en la Ciudad de México tras convertirse en testigo protegido.

Sin embargo, el operativo para su captura en la Ciudad de México fue realizado por policías capitalinos que apoyaron un pedido de auxilio de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), los cuales no sólo desconocían el nombre del detenido, sino que también hicieron caso omiso de las amenazas proferidas por el propio “Rey Zambada” en el sentido de que “no sabían con quien se estaban metiendo”.

Entre los detenidos figuraba su hijo Jesús Zambada Reyes que más tarde se convirtió en “testigo protegido de la PGR, pero que aparentemente se suicidó en la misma casa de seguridad en la que vivía con Edgar Bayardo del Villar, uno de los primeros funcionarios en caer como parte de la denominada “Operación Limpieza”.

Encarcelado en el penal federal de “El Altiplano” que se ubica en Almoloya de Juárez, Estado de México, “El Rey Zambada” fue notificado del suicidio de su hijo registrado el 20 de noviembre del 2009 en una casa de seguridad de la PGR que se encuentra al sur del Distrito Federal.

Apenas 10 días después, sería asesinado en un café Starbuck su principal protector dentro de la Policía Federal, Edgar Enrique Bayardo del Villar, mismo que también se había convertido en testigo protegido.

Así, en el más completo sigilo Jesús Reynaldo Zambada García fue trasladado del penal federal de “El Altiplano” en el Estado de México al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) “Tres Noreste” de Matamoros, Tamaulipas, en junio del 2011.

Apenas, el pasado 6 de marzo el gobierno de Estados Unidos dio la noticia de que buscaba a “El Rey Zambada” para que fuera procesado por la justicia de ese país, además de incluirlo en la lista de la Oficina del Tesoro de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) que prohíbe hacer tratos comerciales con una persona y sus diferentes empresas.

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Detienen a ‘El Mon’, presunto operador de los Beltrán Leyva

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Personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), detuvieron en Monterey, Nuevo León, a Ramón “V”, alías El Mon o El Gabino, considerado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), como operador financiero del Cartel de los Beltrán Leyva.

De acuerdo con información del Gobierno de Estados Unidos, el detenido, es investigado por el homicidio de Juan Jesús Guerrero Chapa, abogado de Osiel Cárdenas, exlíder del cártel del Golfo, quien fue extraditado a ese país, en enero de 2007.

“Ramón “V” es requerido por la Corte Federal del Distrito Norte de Texas, en los Estados Unidos, fue detenido para ser puesto a disposición del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, en la Ciudad de México, a fin de dar continuidad a la solicitud de extradición”, informó la Procuraduría General de la República (PGR).

Información del Gobierno federal indica que el detenido es hermano de José Rodolfo “N”, considerado jefe regional del Cártel de los Beltrán Leyva en el estado de Nuevo León.

Ambas personas, integraron un grupo de inteligencia dedicado al espionaje en contra de grupos antagónicos y empleados de gobierno, a través del uso de rastreadores GPS en los vehículos de sus víctimas.

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Sentencian a nueve integrantes de ‘Los Zetas’

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El Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en Jalisco impuso condena de 13 a 17 años de prisión a nueve integrantes de “Los Zetas” por la comisión de delitos contra la salud, en la modalidad de posesión de cocaína y marihuana; además de acopio y portación de armas de fuego, así como posesión de cartuchos de uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

Con los elementos de prueba que aportó el Ministerio Público de la federación, el juzgador sentenció a 17 años cuatro meses de prisión y al pago de 325 días de multa a Jov Valladares, Arturo Valladares y a José Cirilo Villanueva.

Asimismo, el impartidor de justicia le fijó a César González Rosas 14 años cuatro meses de prisión y 275 días multa; mientras que, a Roberto Santiago Martínez, Juan Abraham Salas Hernández, Duane Clemente González, Manuel Gallardo Jiménez y a Pablo Hernández Morales les dictó una pena de 13 años de prisión y 275 días multa.

Los hoy sentenciados fueron detenidos el primero de septiembre de 2007 por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en el municipio de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, junto con material bélico, así como paquetes de marihuana y cocaína.

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Vinculan a proceso a imputada por tres casos de trata

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En una audiencia celebrada en la ciudad de Cuauhtémoc, la Fiscalía Especializada de la Mujer, presentó ante una Juez de Control suficientes elementos de prueba para vincular a proceso a la imputada Ana Karen F. C. como probable responsable de tres casos de trata de persona.

La evidencia presentada por la Agente del Ministerio Público, acreditó que el pasado 10 de enero la imputada captó al menos a tres adolescentes y las llevó a una fiesta en un rancho en Carichí con el fin de explotarlas sexualmente.

Las pruebas obtenidas en la indagatoria, establecen que Ana Karen persuadió a las víctimas para ir a la reunión a cambio de pagarles mil pesos y además les ofreció entre 2 mil y 2 mil quinientos pesos si accedían a tener relaciones sexuales con los invitados.

A la mañana siguiente, se presentó un enfrentamiento entre un grupo de civiles encargados de proteger los alrededores, quienes atacaron a una célula de seguridad cuando realizaba recorridos cerca del rancho, lo cual provocó que registraran la propiedad donde rescataron a un total de 12 mujeres.

Tras analizar los antecedentes de la investigación, la Juez de Control determinó que existen suficientes indicios para iniciarle un proceso penal por estos hechos, motivo por el cual permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva en tanto se desarrolla el proceso penal en su contra.

Cabe señalar, que este delito se encuentra previsto en la Ley General Para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata, por lo que de ser encontrada responsable de los delitos que se le imputan alcanzaría una pena de 30 a 60 años de prisión.

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