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25 estados reportan compra de voto; ofrecen hasta 5 mil pesos: ONG’s

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Hasta este miércoles, el sitio democraciasinpobreza.mx había recibido 151 reportes ciudadanos de compra de voto, provenientes de 25 de las entidades del país, dio a conocer el colectivo Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP).

“El 41 por ciento de los reportes corresponde a la entrega de cosas, despensas, principalmente; 36 por ciento son acciones de condicionamiento para recibir o dejar de recibir los beneficios de algún programa social, sobre todo Prospera; 18 por ciento es por la entrega de dinero en efectivo y un 11 por ciento corresponde al reparto de tarjetas electrónicas con depósitos diferidos“, detalló.

En conferencia de prensa, la agrupación conformada por 60 organizaciones sociales y civiles informó que el voto se está comprando comúnmente en 500 pesos, pero hay casos, como el Estado de México, donde se cotiza hasta en 5 mil, mientras que en la Ciudad de México el “precio” del voto varía de 200 a 2 mil 500 pesos.

El sitio web también incluye una bitácora de prensa de la compra del voto que recopila diariamente información publicada por 64 medios estatales y 7 medios de la Ciudad de México, entre diarios, radios y sitios web de información, que ha sido programada para seguir acciones de compra y coacción del voto, así como el desvío de recursos públicos de los programas sociales del gobierno federal, de las entidades federativas y de los municipios del país.

Hasta la fecha esa bitácora ha recopilado mil 613 noticias que dan cuenta de que las acciones de compra y coacción del voto, usando los beneficios de los programas sociales.

Además, ACFP ha observado que durante el primer trimestre de 2018 se ha disparado el gasto ejercido en programas sociales.

Por ejemplo, el gasto del del programa de Empleo Temporal creció mil 480.9 por ciento respecto al mismo periodo de 2017; el del Programa de Coinversión Social, 815. 5 por ciento; Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en 237 por ciento, y el Programa de Comedores Comunitarios en 184.3 por ciento.

Ante esto, el colectivo exhortó a las autoridades a responder al esfuerzo ciudadano por construir en México con una democracia sin pobreza, a partir de la disuasión de la compra de votos y el compromiso de que “la pobreza no sea usada como herramienta de manipulación política”.

Alberto Serdán, coordinador de ACFP, comentó que la compra y la coacción del voto obstruyen la democracia, impiden la construcción de una ciudadanía informada, participativa y responsable, lesiona la dignidad humana de la ciudadanía; “es inmoral, ilegal y no debe quedar impune”.

Señaló que es muy grave que en un país con más de la mitad de sus habitantes viviendo en pobreza (50.3 por ciento) se use el dinero de forma ilegal para comprar votos.

Además, añadió, las acciones denunciadas por los ciudadanos “contravienen la Ley General en materia de Delitos Electorales y, para el caso de la fotocopia de la credencial del INE, es una violación a las leyes de protección de datos personales ante el cual el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) debería actuar e informar a la población de que es un delito acumular datos personales con las fotocopias sin los requisitos de ley“.

Serdán dio a conocer que el portal democraciasinpobreza.mx contiene una serie de documentos que incluyen un formulario para recibir los reportes que notifican en qué localidad del país se está comprando el votos de los mexicanos con recursos presupuestales destinados a la superación de la pobreza; quién está operando la compra o coacción del voto, qué están repartiendo o entregando a cambio del voto y qué programas sociales están usando ilegalmente.

Si bien aclaró que los reportes recibidos hasta la fecha y los que se reciban en el futuro no son representativos en término estadísticos, adelantó que ya trabajan en el levantamiento de una encuesta representativa al nivel nacional sujeta a la metodología aceptada.

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Buscan amparo Peña Nieto y Gabinete contra investigación penal del Gobierno de Chihuahua

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El titular del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, y su Gabinete buscan blindarse contra investigaciones penales del Gobierno de Chihuahua en su contra.

La Consejería Jurídica de la Presidencia presentó el 11 de octubre ante la Suprema Corte de Justicia una controversia Constitucional para reclamar posibles órdenes de aprehensión, arraigo, citatorios, averiguaciones o carpetas de investigación abiertas por las autoridades locales contra funcionarios federales.

Es la primera vez que el Ejecutivo federal presenta una demanda de este tipo.

Los actos reclamados se imputan al Gobernador panista Javier Corral, a la Fiscalía General de Chihuahua y el Poder Judicial local.

“La solicitud y emisión de órdenes de aprehensión existentes o inminentes respecto de actuales o anteriores funcionarios públicos federales, que se relacionen directa o indirectamente con el ejercicio de sus funciones”, es uno de los actos reclamados.

El 28 de septiembre, el Gobernador Corral amenazó al Gobierno federal por el caso del ex Secretario General del PRI, Alejandro Gutiérrez, al que la Fiscalía estatal acusó por un peculado de 250 millones de pesos de recursos federales, cargo del que la PGR se desistió.

“Lo puedo decir con absoluta certeza: aunque haya hecho lo que haya hecho Peña Nieto para proteger a Gutiérrez y a (el ex Gobernador) César Duarte, no se va a ir impune, no quedará impune”, dijo Corral.

“Tarde que temprano la justicia lo va a alcanzar a él. Y es muy probable que sea la propia justicia de Chihuahua”, agregó.

La demanda del Ejecutivo está firmada por el Consejero Jurídico Misha Granados.

Reclama a Corral “su intervención directa o indirecta, pública o privada, actual o inminente, en investigaciones, averiguaciones, carpetas de investigación, solicitudes de información, órdenes de investigación y solicitudes de colaboración que refieran, mencionen o relacionen actuales o anteriores funcionarios públicos federales”.

A la Fiscalía General, la controversia le reclama la participación de sus integrantes en reuniones donde se analice con personas ajenas a la misma, incluido Corral, la situación de las probables investigaciones contra funcionarios federales.

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Ofrece EU recompensa de 10 mdd por ‘El Mencho’

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El Gobierno de Estados Unidos incrementó la recompensa por información que lleve a la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’ a 10 millones de dólares.

La Administración para el Control de Drogas (DEA), informó del aumento en la recompensa por la captura del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Además de la recompensa por ‘El Mencho’ la DEA ofrece 5 millones de dólares por Érik Valencia Salazar, integrante del CJNG puesto en libertad en diciembre pasado por autoridades mexicanas, debido a “violaciones al debido proceso”.

‘El Mencho’ es uno de los objetivos prioritarios tanto de México como de Estados Unidos. El capo ha evadido captura en dos ocasiones: El 27 de agosto de 2012 fue retenido por elementos de la Secretaría de Marina, pero liberado presuntamente por la intervención del ex gobernador panista Emilio González Márquez, pocas horas después.

Y el 1 de mayo de 2015 un operativo montado por militares para la captura del capo derivó en que se derribara un helicóptero en el tramo Casimiro Castillo-Villa Purificación y se generaran bloqueos en Guadalajara y Zapopan.

Pese a ser una cantidad exorbitante la que se ofrece por el líder del CJNG, no es la recompensa más alta que promueve el organismo: Para información sobre Rafael Caro Quintero, el gobierno estadounidense ofrece 20 millones de dólares.

Esto por ser señalado por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, en los ochenta. Caro Quintero salió de prisión en 2013 y desde entonces no ha sido localizado por las autoridades de Estados Unidos, que buscan su extradición.

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César Duarte enfrentaría proceso en libertad: Secretario de Gobernación

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El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, concluyó su comparecencia ante el pleno del Senado de la República y destacó que los delitos que se imputan al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, no son graves, por lo que podría enfrentar el proceso en libertad.

Ante el pleno del Senado, apuntó que existen 15 solicitudes de extradición contra el priista, por lo que apuntó que la Federación está obligada a entregar una solicitud de extradición al Departamento de Estado de Estados Unidos.

Navarrete Prida destacó también los avances y pendientes del sistema de justicia penal y dijo que en el futuro se debe cancelar la llamada “puerta giratoria” que permite a los presuntos delincuentes salir en libertad por la comisión de algunos delitos.

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