México

Militares secuestran, amenazan y despojan a empresario de medio millón de pesos

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Luego de despojarlo de casi medio millón de pesos en efectivo y de otros valores, el teniente Juan Carlos Mendoza Ortiz le apuntó al empresario con su arma y, ante la risa burlona de otro militar, sentenció: “Ya valiste madre”.

Sucedió el mediodía del 6 de marzo. El lugar: un retén del Ejército en el Circuito Exterior Mexiquense, en los límites con la Ciudad de México.

El contratista de la construcción había retirado minutos antes 428 mil pesos de la sucursal de Banamex en el aeropuerto capitalino, que ese mismo día le habían depositado, y se dirigía a una obra en Ecatepec, Estado de México, cerca de Plaza las Américas, donde tenía previsto pagar a proveedores y empleados.

No pudo hacerlo: los militares lo secuestraron, amenazaron y robaron a campo abierto y a la luz del día.

Y a casi cinco meses de los hechos, luego de vencer el miedo a que se cumplieran las amenazas de desaparecerlo y de matar a su familia si denunciaba, la Procuraduría General de Justicia Militar y la Procuraduría General de la República (PGR) nada han hecho para devolverle su dinero ni para castigar a los militares criminales, pese a que están plenamente identificados.

Más aún: el teniente Mendoza Ortiz y tres de sus presuntos cómplices –Juan José Durán Cárdenas, Enrique Gutiérrez Martínez y Jonathán Martínez Fuentes– están presos en el Campo Militar Número Uno, acusados del secuestro de otro empresario. Pero el Ministerio Público castrense y la PGR ya ni siquiera atienden a la víctima.

La pesadilla para el empresario, cuya identidad consta en las averiguaciones y que aquí se omite por razones de seguridad, inició aproximadamente a las 12 horas del pasado 6 de marzo cuando circulaba, a bordo de su camioneta Dodge Durango blanca, por el Circuito Exterior Mexiquense.

Al aproximarse a la caseta de cobro, a la altura de la avenida Carlos Hank González, vio un retén militar y de policías del Estado de México, quienes le hicieron la indicación de orillarse.

Un soldado le pidió identificarse y le preguntó hacia dónde se dirigía y a qué se dedicaba. Cuando respondía a las preguntas, otro militar, encapuchado y con lentes oscuros, le pidió bajarse del vehículo para revisarlo; al hacerlo, ubicó una bolsa negra de plástico.

De inmediato, el soldado encapuchado le arrebató al empresario las llaves de la camioneta y le ordenó que subiera en el asiento del copiloto, mientras que él ocupó el lugar del conductor, siempre bajo la custodia de otro militar armado.

El encapuchado le preguntó al empresario qué traía la bolsa; éste respondió que era dinero en efectivo, 428 mil pesos, para pagos de nómina y proveedores, pues es contratista en el ramo de la construcción. Le mostró su teléfono, donde constaba que esa mañana le habían hecho el depósito y la hora en la que él hizo el retiro.

“En ese momento me arrebata de mis manos mi teléfono para quedar incomunicado, lo empieza a revisar y al mismo tiempo me empieza a decir que era un delito federal transportar esas cantidades de efectivo y que para él eran de procedencia ilícita”, declaró el empresario, primero ante la justicia militar y luego ante la PGR.

Consta en la averiguación previa PGR/SEIDO/UEDICS/171/2015, iniciada por el agente del Ministerio Público Federal Gustavo García Contreras, y en el expediente SC/83/2015-VII, levantado por el mayor René Catana Méndez, agente investigador militar, cómo el soldado encapuchado amenazó al empresario con llevarlo ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO):

“(El militar le dijo) que él era la autoridad en ese momento e indicándome que su papá era general y que también tenían empresas y sabían todo acerca de movimientos bancarios. Yo insistiéndole que el dinero era de procedencia lícita. Él no me hacía caso y refería que me iban a poner a disposición. Este sujeto me empieza a amedrentar diciéndome que me iba llevar la chingada y que gracias a mí se iba a colgar una medallita a su favor.”

El militar hizo una pausa para hacer una llamada, con el teléfono del empresario, a alguien que llamó “jefe” y, al colgar, le pidió entregarle su cartera, reloj y una cadena de oro, mientras le decía que le daría la oportunidad de acreditar el origen del dinero, pero de lo contrario, dijo, “iba a cargarme la chingada”.

Sólo para eso le devolvieron al empresario su teléfono: Llamó a su cliente y, cuando comenzaba a hablar con él, el militar le arrebató el aparato para hablar con aquél y ordenarle que llegara en 10 minutos.

En ese momento otro militar sin capucha, al que identifica sin dudar como el teniente Juan Carlos Mendoza Ortiz, subió a la camioneta en el asiento trasero. “Me apunta con su arma y me dice que ya había valido madres y que no me pusiera pendejo”.

El despojo

En la espera, según el testimonio del empresario, el otro militar le decía que con él se iba a colgar “una estrellita”, porque “estaban agarrando puro ‘pendejo inocente’. Después de eso intenté bajarme de mi camioneta por temor a cada una de las cosas y amenazas que decía. Acto seguido, me grita diciéndome que no me bajara, que él era la autoridad y que me iba a esposar y a meterme un ‘pinche plomazo’”.

Cuando el cliente del empresario llegó, acompañado de un abogado, los militares les dijeron que sólo querían hablar con uno de ellos. Tras varios minutos de diálogo con el litigante, éste le comunicó al empresario retenido que, para no consignarlo ante la SEIDO, debía entregar 80% de los 428 mil pesos.

“Se nos hizo muy descabellada esa oferta, ya que no era dinero ilícito”, expuso la víctima, a quien los militares decían que ellos tenían todo controlado y que “literalmente estábamos en sus manos, refiriendo que si no hacíamos caso nos iban a desaparecer a todos”.

En su declaración, asentó: “Sin tener otra opción, decidimos otorgarles ese dinero que solicitaban, ya que después de amedrentarnos y de sus amenazas temíamos por nuestra integridad. Inmediatamente me piden que vayamos a mi vehículo, al cual se suben los dos militares y yo. Adentro del mismo toman la bolsa de dinero y sólo me dejaron aproximadamente 35 mil pesos en la bolsa”.

Antes de dejarlo libre, los militares se negaron a devolverle sus pertenencias y lo amenazaron: “Diciéndome que si hacía algo en contra de ellos, ya tenían registrados todos mis movimientos e iba a ir a mi casa a matar a todos y a cada uno de mi familia”.

Pero, a pesar de los consejos de amigos y familiares para que se olvidara del asunto, y aun contra su propio temor de que podría haber represalias contra él y su familia, el empresario presentó la denuncia ante la Procuraduría General de Justicia Militar, el 12 de marzo, y luego lo hizo ante la PGR.

Además, el mismo día en que presentó la denuncia, envió al secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, un escrito en que detalla cómo ocurrió lo que él define como robo, secuestro y amenazas a manos de los militares.

La respuesta llegó una semana después, el 20 de marzo, firmada por el general brigadier Juan Roberto Sánchez Fragoso, jefe de la Sección Primera del Estado Mayor de la Defensa Nacional, y es escueta: “Esta Secretaría tomó nota de sus señalamientos y se realizan las acciones a fin de proceder conforme a derecho”.

Pero han pasado los días, las semanas y los meses, y ni la justicia militar ni la civil han resuelto nada.

Fuente: Proceso.

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Caleb Ordoñez

México

Familiares de Daniela le prepararon una fiesta por su cumpleaños 19; fue atropellada y nunca llegó

Un empresario platanero identificado como Armado “N” habría atropellado y matado a Daniela Reyes en el municipio de San Rafael, en Veracruz. Los familiares pidieron que las autoridades hagan justicia en el caso.

De acuerdo con Yarin, hermana de Daniela, el día sábado la joven habría salido de trabajar, tomó su bicicleta para dirigirse rumbo a su casa para celebrar su cumpleaños número 19. Sin embargo, en la carretera San Rafael-Paso de Telaya, Armando “N” la habría atropellado con su camioneta, una Ram de color negro.

Al lugar acudió la familia, ahí ya se encontraban las autoridades. No obstante, el empresario no fue esposado, ni los policías municipales lo subieron a la patrulla. En cambio, Armando “N” permanecía junto a su camioneta hablando por teléfono.

Ante la impunidad, familiares se lanzaron contra él, en ese momento las autoridades actuaron, pero no para detener al empresario, sino al padre de Daniela, quien pretendía golpear a Armando “N”. El hombre tuvo que ser resguardado y todo quedó grabado en un video, el cual fue compartido por Yarin.

“¡Este es el hombre que mató a mi hermana compartan! Así estaba viendo su gracia. ¿Qué hicieron los policías? ¡No lo esposaron ni nada! Policías corruptos. ¡Ayúdenme a difundir para que se haga justicia!”, escribió la hermana de Daniela.

Asimismo, Yarin denunció que esta no era la primera vez que el empresario platanero cometía un delito como el que le arrebató la vida a Daniela, sin que hasta el momento Armando “N” recibiera una sentencia en su contra por ello.

Momentos después, la hermana de Daniela compartió que al momento del accidente, su tío se dirigió a la Comandancia a la espera de que Armando “N” fuera trasladado a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz. Ella cuenta que su tío siempre estuvo preguntando a los policías la hora de su salida. Las autoridades siempre decían que aún no.

Pero tiempo después su tío no fue notificado, y Armando “N” salió de la Comandancia abordo de un patrulla. Yarin cuenta que su tío fue alertado por otra persona, y al ver lo que estaba pasando salió tras de ellos para corroborar si realmente lo llevarían a la Fiscalía para hacer justicia.

La hermana de Daniela también narró que a pesar de que los policías manejaron a una velocidad muy rápida su tío pudo alcanzarlos. Ahora, Armando “N” permanece en la FGE. “¡No es justo que las autoridades del municipio de San Rafael se presten a juegos Injustos!”, agregó.

Posteriormente, el cuerpo de Daniela fue entregado a sus familiares para velar a la joven de 19 años de edad en un domicilio ubicado en la colonia El Guayabal, en el municipio de San Rafael en el estado de Veracruz.

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México

Avalancha de haitianos colapsa Tapachula y sistema de ayuda a refugiados

La ciudad de Tapachula, Chiapas, así como el sistema de atención a solicitantes de refugio en México, están siendo colapsados por una avalancha de migrantes haitianos provenientes, principalmente de Brasil y Chile, a donde inicialmente llegaron en busca de trabajo, pero, al complicarse su plan de migración, decidieron emprender el viaje hacia Estados Unidos, aunque sólo pudieron llegar hasta la frontera sur mexicana, donde son contenidos por el gobierno.

De acuerdo con las leyes migratorias, los ciudadanos haitianos detenidos en Chiapas no reúnen las características para considerarse refugiados; sin embargo, no pueden ser deportados a su país, porque es considerado un Estado fallido, por la severa situación política por la que atraviesa y porque no recibe repatriados.

El problema es que se está generando una bomba de tiempo, ante las tensiones entre los habitantes de la ciudad y los migrantes, quienes se ven obligados a permanecer ahí, pues si la abandonan, caen en la situación legal de abandono del proceso de adjudicación de refugio.

Lo lamentable, es que viven en condiciones de alta marginación e insalubridad, debido a que son personas que no cuentan con recursos económicos, ni trabajo. Decenas lleva varios meses en esas condiciones y, en el mejor de los casos, deben esperar hasta principios del año siguiente para recibir alguna respuesta a su solicitud.

Wilner Metelus, presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados Afromexicanos (CCDNAM), expuso que la historia de estas oleadas de migrantes haitianos se remonta a 2010, cuando ocurrió el terremoto de 7.0 grados en Haití, en el que más de 316,000 personas murieron, 1.5 millones quedaron sin hogar y más de 350,000 resultaron heridas.

En ese tiempo, miles de haitianos decidieron emigrar a Brasil atraídos por la demanda de mano de obra, principalmente para construir los estadios que luego se utilizaron en el mundial de Futbol de 2014.

Los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva, primero y luego el de Dilma Rousseff, alentaron la llegada de haitianos a su territorio.

La salida hacia Brasil fue un camino natural para los haitianos, después de que, desde 2004, Brasil asumió el control de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah, luego de que el país cayó en caos tras la dimisión del presidente Jean Bertrand Aristide.

Metelus, quien además es un internacionalista originario de Haití naturalizado mexicano, explicó que, al igual que Lula y Rousseff, los gobiernos encabezados por Hugo Chávez, en Venezuela, Evo Morales, en Bolivia y Michelle Bachelet en Chile, abrieron las puertas de sus países como una forma de agradecimiento a los antiguos haitianos que lucharon con Simón Bolívar por la independencia de países del sur del continente.

Algunos cálculos señalan que Brasil habría recibido más de 180,000 migrantes haitianos, Chile más de 100,000; Venezuela, 50,000; Bolivia 25,000 y Ecuador más de 20,000. Paralelamente Estados Unidos había concedido facilidades para que los haitianos ingresaran a su territorio. En 2014 la diáspora haitiana se calculó en dos millones de personas, tanto a Europa y América.

Señales desde Estados Unidos y México motivan desplazamientos
Con la salida de Dilma Rousseff de la presidencia de Brasil, en 2016, concluyeron los apoyos sociales a los migrantes haitianos, lo cual ocasionó la salida de decenas de ellos con la intención de llegar a Estados Unidos antes de las elecciones presidenciales celebradas el 8 de noviembre de ese año, con el fin de ingresar antes de que llegara Donald Trump a la presidencia, lo que ocurrió en enero de 2017.

Es por ello que, en 2016, llegó a la frontera sur de México un primer grupo de haitianos. Eran alrededor de 500, lo cual fue un escándalo en Tapachula, particularmente por motivos racistas: eran negros que, además no hablaban español.

De acuerdo con el activista Metelus, el presidente Enrique Peña Nieto tenía información de que llegarían muchos más haitianos porque el presidente Barack Obama lo alertó.

El gobierno mexicano les otorgó visas por 20 días para que cruzaran el país y así llegaran hasta la frontera con Estados Unidos, cruzaron por Tijuana y terminó la historia.

Esa noticia motivó a miles de haitianos asentados en Sudamérica a ponerse en camino hacia el norte y comenzaron a llegar a la frontera sur mexicana.

Hasta antes de noviembre de 2016, Estados Unidos dejó entrar a más de 300. No obstante, decidió cerrar la puerta.

Con la llegada del presidente Trump a la presidencia estadounidense, el gobierno endureció su política migratoria y ocasionó que los haitianos comenzaran a quedar varados en México.

Muchos de ellos se instalaron en Tijuana, Mexicali y en, en menor medida, en algunos municipios fronterizos de Tamaulipas. Se calcula que en la frontera norte hay alrededor de 7,000 haitianos. La amplia mayoría en Baja California.

En 2018, la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México generó nuevamente expectativas entre los haitianos en el camino debido a sus pronunciamientos en el sentido de que aquí se les trataría bien a los migrantes.

Ello, aunado a que en los primeros cuatro meses de gobierno concedió más de 22,000 visas humanitarias a migrantes varados en la frontera sur, motivó que vinieran más.

Pero la situación dio un vuelco. En junio de 2019, el gobierno mexicano pactó con el gobierno del presidente Trump para contener a los migrantes en México a cambio de que no le impusieran aranceles en sectores económicos específicos.

Eso generó la concentración de haitianos y migrantes de otras nacionalidades en Tapachula. Actualmente se calcula que hay alrededor de 30,000 haitianos varados en aquella ciudad chiapaneca, donde la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) se ha visto rebasada ante la altísima demanda de refugio.

Con la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos, en enero de 2021, pactó con el presidente López Obrador. En esta ocasión, destacó Wilner Metelus, el trato fue vacunas para México a cambio de seguir conteniendo a los migrantes.

El problema es que los haitianos, como los demás migrantes varados en Tapachula han comenzado a desesperarse y decidido salir con la intención de buscar empleo en algún estado del centro o norte del país. Saben que es prácticamente imposible ingresar a Estados Unidos.

Metelus denunció que los haitianos son más discriminados que los demás migrantes por el color de su piel. Dijo que “Tapachula se ha convertido en un infierno” por las precarias condiciones en las que se encuentran, los abusos de que son objeto por parte de las autoridades y de los traficantes de indocumentados, que son los únicos que han salido ganando de esa tragedia. Además, llamó la atención sobre el silencio de la sociedad mexicana ante esa situación.