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Julián Leyzaola acusa a Enrique Serrano de proteger al sicario que lo intentó matar

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Después del 8 de mayo del año pasado he vivido lo que vive cada persona que es víctima de una agresión, y me doy cuenta de la impotencia, del enojo que se siente cuando hay autoridades tan corruptas, tan indolentes, tan apáticas, cómplices de criminales.

Así describió Julián Leyzaola Pérez, candidato a la alcaldía de Tijuana por el Partido Encuentro Social (PES), su estado de ánimo un año después del atentado que sufrió en Ciudad Juárez, Chihuahua, que lo dejó en silla de ruedas.

En un video, dijo que el hombre que le disparó le advirtió que era un mensaje “del dire Reyes”, en referencia al entonces director de la policía municipal juarense, Jesús Antonio Reyes.

El que me agredió cometió el error de decirme porque pensó que me iba a matar, pero quedé vivo y lo pude publicar, aunque nunca se lo he podido decir a una autoridad (para) que actúe.

El entonces acalde Enrique Serrano, hoy candidato a gobernador, le dio protección, señaló el ex secretario de seguridad pública de Ciudad Juárez y de Tijuana.

Insistió: “El que me agredió me dijo directamente que venía de parte del director Reyes, quien me relevó en Ciudad Juárez. Puedo decir que a me agredió la propia autoridad.

He sido testigo de esta corrupción y me siento asqueado, decepcionado, de tener estas autoridades en México, dijo.

–¿Hacia dónde apunta esta investigación, si la hay?

–Ya estuve trabajando en el gobierno municipal. Me di cuenta del involucramiento de las autoridades en actividades, por lo menos en la protección, en la tolerancia de actividades criminales. Nunca creí que eso me fuera a afectar tanto directamente, pero me afectó al final.

–¿Qué espera usted?

–Si con (el gobernador César) Duarte no se procedió contra este malandrín protegido por Enrique Serrano, si él llega a gobernador el que hoy es director de seguridad pública seguramente será fiscal del estado o algo así. Es triste.

México

INE estima gasto operativo de casi 4 mil millones para 2027

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El Instituto Nacional Electoral (INE) proyectó un gasto operativo de 3 mil 948 millones 471 mil 536 pesos para el ejercicio fiscal de 2027, monto que será incorporado al Anteproyecto de Presupuesto del organismo de cara al próximo proceso electoral federal.

La estimación fue elaborada a partir de un análisis metodológico sustentado en el comportamiento histórico registrado entre 2023 y 2025, bajo los lineamientos aprobados por la Comisión Temporal del Presupuesto del instituto.

De acuerdo con la distribución prevista, las oficinas centrales concentrarán la mayor parte de los recursos, con una asignación de 2 mil 380 millones 841 mil 144 pesos. Por su parte, las juntas locales y distritales ejecutivas contarán con mil 567 millones 630 mil 392 pesos para sus operaciones.

El organismo electoral precisó que esta proyección tiene como objetivo garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento ordinario del instituto durante el año en que se desarrollarán las elecciones federales.

El cálculo presupuestal excluye diversos conceptos que forman parte de otros rubros de gasto. Entre ellos se encuentran los servicios personales, la Cartera Institucional de Proyectos, las prerrogativas destinadas a los partidos políticos nacionales y el denominado presupuesto precautorio.

Con esta previsión financiera, el INE busca establecer una base presupuestaria para la organización y operación del proceso electoral de 2027.

Por otra parte, la consejera presidenta del instituto, Guadalupe Taddei Zavala, señaló el pasado 25 de mayo que el organismo carece de facultades ministeriales y judiciales para investigar posibles vínculos entre candidatos y grupos del crimen organizado.

Ante la propuesta de crear una Comisión de Verificación de Integridad para las elecciones de 2027, la funcionaria planteó que la legislación defina con precisión las responsabilidades de cada institución involucrada. Asimismo, propuso que la verificación de antecedentes penales, financieros y de seguridad nacional sea realizada por instancias especializadas del Estado mexicano.

Según lo expuesto, el INE se limitaría a recibir los registros de los partidos políticos, remitir los expedientes a las dependencias competentes y notificar si existe algún impedimento legal para una candidatura.

Hasta el momento, la propuesta relacionada con la verificación de integridad de aspirantes continúa en discusión.

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