Opinión

Chihuahua no busca un Gobernador. Por Caleb Ordóñez T.

Mucha tinta se ha gastado, muchas voces han discutido, muchísimo dinero se ha gastado por años para encontrar al “mejor” candidato, al “mejor gobernante”, aquél que nos lleve al camino correcto, la senda del progreso y una nueva forma de vivir. Un ser no solo pensante sino con la experiencia suficiente para llevar a nuestra tierra al glorioso destino de la grandeza.

Ese mesías que buscamos cada seis años es una falacia.

Caleb Ordóñez Talavera.

Hemos buscado en cada elección un superhéroe que nos “salve” pero nos encontramos la vergonzosa posición número uno en cuanto a corrupción de refiere a nivel nacional y una deuda pública que parece imposible de saldar. Hemos fracasado en nuestra búsqueda, aquel candidato que se viste de pulcritud y súper poderes, resulta un traidor, distante a nuestra necesidad. Pero es nuestra culpa. En nuestro país hemos creado de nuestros políticos unos rockstars, los recibimos en las colonias como si fueran faraones y aplaudimos sus gritos desmedidos, sus propuestas populistas, su intenso esfuerzo por convencernos de las mentiras que un asesor le aconsejó decir. Les creemos, votamos por ellos y luego olvidamos la parafernalia y no volvemos a verlos, entonces se convierten en enemigos de todos.

Esta elección pareciera que es igual o peor que todas las que hemos vivido, los mismos colores, las mismas propuestas, los mismos de siempre. Los candidatos no han cambiado mucho, los nombres nos resultan incluso familiares, saltando de un puesto a otro enarbolando slogans tan grises, buscando llevarnos al redil de “un camino seguro” a quien sabe donde, diciendo que “ahora es cuando» no sabemos de que. Lo mismo de siempre puede cambiar, si nosotros cambiamos.

El problema no está exactamente en los partidos, sino en nosotros los ciudadanos, que no hemos entendido nuestro rol como tales. Que por mucho tiempo nos hemos agachado ante los gobernantes pensando que ellos son mayores o mejores que nosotros, sin entender que somos nosotros quienes debemos hacerles una marca personal pues finalmente son nuestros empleados y nuestro voto los puso donde están, somos sus patrones.

Nuestro reto va mucho más allá de castigar al gobierno corrupto y represor, de aquel que defraudó y traicionó a Chihuahua, ningún candidato es lo suficientemente inteligente y capaz para revertir nuestro problemas en cinco años. Ninguno puede asegurar la transformación, no está en los partidos la solución. Está en ti y en nadie más.

Merecemos que los diputados y gobernantes nos mientan, que nos engañen y traicionen pues no hemos hecho nuestra tarea, vigilarlos. No sabemos sus teléfonos, en ocasiones ni sabemos en que distrito vivimos, mucho menos el nombre de quienes nos representan.

Que esta elección sirva para cambiar de actitud y no solo de voto, que nos enfoquemos en lo que realmente importa, tomar el carácter para determinarnos a ser ciudadanos que cuestionen, que estén informados, que entendamos que Chihuahua es nuestro y de nadie más; por eso no lo queremos sucio, por eso no podemos permitir que lo saqueen, nos duele verlo como un Estado “más”.

Chihuahua no está buscando un Gobernador, lo que busca es un ciudadano libre que convoque a su comunidad a cambiar, desde la acera limpia de su casa y la de su vecino, desde aquel que se interese por el que menos tiene y desea que haya justicia para todos, que inspire a otros para alcanzar metas en común. Porque nacer en Chihuahua ya es suficiente para amarlo, ya dice la canción “que bonito es sentirse chihuahuense”, seámoslo. Porque si algunos políticos resultaron infieles y traidores, no significa que esos sean los representantes de todos, ser chihuahuense es reflejo de valentía y orgullo, así salgamos a votar libremente, sin engaños, encuestas compradas, ni ideas en la cabeza que algún asesor de un candidato inventó, salgamos a votar por el empleado mejor calificado, ese que vamos a vigilar y a reclamarle un día, sin tener que sufrir temor o intimidación de su parte. Nunca más permitir que un gobernante nos inspire miedo, sino al contrario, que tenga terror de intentar hacer algo contra la ciudadanía.

Es tiempo de hacer historia, uno a uno, cuando decidimos levantarnos y enfrentar la realidad pero convencidos de que puede y debe cambiar, no por alguien más.

Yo se que me entiendes.

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Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.